Contraloría establece indicios de responsabilidad penal en la compra de bonos para el portafolio de inversión de Seguros Sucre

Se estima en más de $11 millones la posible afectación por la adquisición de Bonos Globales 2024 en 2015. No se recibieron intereses y se incurrió en gastos legales para localizar y recuperar los recursos. 

La Contraloría General del Estado (CGE) examinó la administración del portafolio de inversiones de Seguros Sucre S.A. entre 2015 y 2021. Auditoría determinó que la aseguradora estatal (ahora en liquidación) compró Bonos Globales 2024, emitidos por el Estado ecuatoriano, pero no existen documentos que respalden la propiedad y titularidad sobre esa inversión.

La entidad realizó la adquisición a través de la Casa de Valores del Pacífico S.A. (Valpacífico S.A.), en diciembre de 2015, por un valor nominal de $8’375.000, en una operación extrabursátil y no mediante el Registro del Mercado de Valores o el Registro de las Bolsas de Guayaquil y Quito.

Valpacífico empleó como custodio a una empresa extranjera, que no tiene ninguna relación comercial con Seguros Sucre, en lugar de utilizar al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores S.A. (Decevale S.A.) o al Depósito Centralizado de Valores del Banco Central (DCV BCE), vulnerando las cláusulas del contrato de administración del portafolio de inversiones de la empresa estatal.

Seguros Sucre no dispone de los bonos y no recibió los intereses generados entre el segundo semestre de 2017 y el 31 de julio de 2021 (corte del examen especial), por $2’338.869,17.

Hasta esa fecha la aseguradora no pudo establecer la ubicación y quién ejerce la custodia de los bonos, por lo que incurrió en gastos administrativos, legales y operativos, por $410.736, para su localización y recuperación.

En total, se estima que la posible afectación a los recursos públicos administrados por Seguros Sucre asciende a $11’124.605, monto que corresponde al valor de la inversión inicial, más los intereses generados y el costo de ubicar los bonos.

Estas irregularidades derivaron en la aprobación de un informe con indicios de responsabilidad penal, que será
remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el trámite respectivo.