México, EFE.
Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos hace un año en el municipio mexicano de Iguala exigieron hoy una reunión privada con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y que el Gobierno prorrogue indefinidamente el mandato de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una conferencia de prensa a la que asistieron los familiares y compañeros de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los padres dijeron que con el informe presentado hoy por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH ha caído el «teatro» montado por el Gobierno mexicano.
«Ha quedado bien claro que el basurero de Cocula no fue más que otro teatro del Gobierno, otra mentira que en realidad nunca pasó. Siempre fue una tortura para los 43 padres de familia que siempre estábamos pensando si había pasado o no», dijo Mario César González, padre de uno de los desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
Esta mañana, tras haberse cumplido los seis meses de investigaciones sobre el caso, el GIEI presentó las conclusiones del mismo y en ellas denunciaron numerosas irregularidades y negaron, con base en una prueba pericial, que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula, como defendía la versión oficial.
«No es que no lo queramos aceptar, es que jamás ha habido evidencias. No podemos aceptar algo que no existe. Son vidas humanas, son jóvenes inocentes, son nuestros hijos que les pisotearon su dignidad», apuntó Emiliano Navarrete, otro de los padres.
Por ello, los familiares exigieron ser recibidos por Peña Nieto antes del próximo día 10. «Si este señor presidente nos está viendo, quiero que tenga la dignidad de que de su boca salga ‘quiero hablar con los padres’, que nos de la cara él directamente», pidió.
«Exigimos una reunión con Peña Nieto, pero en presencia de los expertos independientes y además que les de el tiempo indefinido hasta que se esclarezcan las cosas», agregó.
Esta fue la otra demanda principal de los padres, que el mandato de los expertos se prorrogue indefinidamente, hasta que se sepa cuál fue el paradero de los estudiantes.
Según dijo el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, «el teatro se ha derrumbado» y «la verdad histórica» del exfiscal Jesús Murillo «quedó por los suelos para convertirse en mentira histórica».
Por ello, dijo, es necesario que este y otros funcionarios de su gabinete sean investigados por todas las negligencias que pudieron haber cometido.
De la Cruz animó a la sociedad mexicana a que participe en las actividades del aniversario de la desaparición el próximo 26 de septiembre, que arrancarán tres días antes con una huelga de hambre de 43 horas, una por cada uno de los jóvenes desaparecidos.