Roberto Luque, ministro de Energía encargado asistió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. También fue convocada Andrea Arrobo, pero no se presentó.
El ministro de Energía encargado, Roberto Luque anunció que el Gobierno evalúa la posibilidad de contratar nueva electricidad a través de generadores o barcazas, para hacer frente a la crisis eléctrica.
Lo dijo hoy, 9 de mayo de 2024, durante una comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que inició una serie de comparecencias para investigar el problema energético que desencadenó en apagones y que llevó al Gobierno de Daniel Noboa, a declarar la emergencia eléctrica el 16 de abril.
“Existe la posibilidad de la compra de una barcaza; es una decisión que se va a evaluar tomando en cuenta detalles técnicos”, anticipó Luque, pero aclaró que solamente deberá ser usada para temas emergentes por los efectos contaminantes que genera en el ambiente y por los altos costos.
“Se está trabajando con varias instituciones; dentro del ámbito de prelación, no necesariamente las barcazas son prioridad, pero es una manera de atender una crisis en un sector totalmente olvidado”, insistió el funcionario.
Otra posibilidad es trabajar con proveedores de barcazas -que normalmente buscan contratos a más largo plazo- para alquilar una por un tiempo reducido.
Reconoció que esta no es la solución al problema, sino un “parche” que se debe tomar en virtud de la actual crisis.
El precio aproximado que se ha calculado para la barcaza en alquiler ronda los $18,20 centavos el kilovatio hora. “Hay generación más barata, pero también hay generación que estamos usando ahora, y que es mucho más cara con diésel”, puntualizó.
Adelantó que, de concretarse la inversión, se deberá responsabilizar al contratista de las barcazas para que paralelamente entreguen un plan de manejo ambiental riguroso.
La Comisión de Fiscalización también convocó a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, pero no asistió al llamado.
Esto ocurre mientras el Consejo de Administración Legislativa (CAL), una vez conocido el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), sobre el cumplimiento de los requisitos para el enjuiciamiento político a la exministra de Energía, calificó su trámite en la Comisión de Fiscalización, conforme lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El juicio político contra la exministra, por el presunto incumplimiento de funciones y negligencia en el manejo del sector eléctrico para solventar la crisis energética, proviene del movimiento Construye y el Partido Social Cristiano (PSC). (SC)
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