Políticos llegan poco preparados a las elecciones

Pocas son las organizaciones que cumplen con este requisito, uno de ellos la Izquierda Democrática.
Realidad. Pocas son las organizaciones que cumplen con este requisito, uno de ellos la Izquierda Democrática.

A pesar de que en el Código de la Democracia se establece la obligatoriedad de que los partidos y movimientos políticos deben contar con procesos de formación política, esto no se cumple y si se lo hace es de forma incipiente.

A decir de los mismos militantes de los partidos políticos, estas escuelas de capacitación se desarrollan en mayor medida en Quito y Guayaquil y en aquellas organizaciones de nivel nacional.

Mientras que en los movimientos provinciales o cantonales esta participación es aislada y se concentra solo en los tres meses previos a las elecciones.

 

Normativa

El artículo 331 del Código de la Democracia señala en el literal 5 que deben “sostener, como mínimo, un centro de formación política”.

El objetivo es que las agrupaciones formen a sus candidatos para que puedan ser autoridades competentes en caso de ganar elecciones.

Esto, más aún cuando existen agrupaciones que reciben el fondo partidario permanente, es decir recursos públicos.

Para Gerardo Martínez, exdocente y facilitador del Consejo Nacional Electoral (CNE), lamentablemente esta premisa no se cumple puesto que no hay un organismo que controle y sancione el incumplimiento de la Ley.

“Lo común es que, unos meses antes de las elecciones, los principales dirigentes de los partidos y movimientos políticos inicien a gestionar la supuesta estructura política que existe, pero en realidad se fragua a destiempo para tratar de cumplir”, comentó.

Gabriela León, analista provincial de Participación Política del CNE Delegación Provincial de Tungurahua, reconoció la obligatoriedad de la normativa pero esta disposición solo se cumple a nivel nacional, más no a escala local.

La analista explicó que como Delegación Provincial del CNE se monitoriza a siete organizaciones provinciales y locales a quienes se les emiten oficios recordándoles esta obligatoriedad de la capacitación.

A pesar ello, al no recibir dinero del fondo partidario plantean sólo un proceso de capacitación al año el mismo que lo desarrollan con fondos propios.

“Las organizaciones políticas presentan las planificaciones y a veces invitan al proceso para que personal del CNE vaya como veedores”, dijo al tiempo de asegurar que este proceso no se ha dado, posiblemente por pandemia.

León explicó que la Delegación Provincial de CNE en Tungurahua desarrolla un proceso de asesoría y acompañamiento para que se cumpla con esta obligatoriedad, pero no es una institución sancionadora.

 

EL DATO
Los partidos políticos deben destinar al menos el 70% del fondo partidario 
para la formación, publicaciones, capacitación e investigación.

 

Análisis

Giuseppe Cabrera, analista político, manifestó que la capacitación política es fundamental para un desarrollo de la democracia, sin embargo, esto no se cumple y muchos justifican el proceso con cualquier capacitación.

“No hay partido político que no diga: nosotros sí tenemos capacitación y formación, así se evidencia en todas las ideologías, pero la realidad es otra”, dijo.

Para Cabrera, lo importante sería que esas personas supuestamente capacitadas sean las que se tomen en cuenta para las contiendas electorales o por lo menos para las candidaturas, pero la realidad no es así.

“Los partidos buscan siempre candidatos por fuera de la estructura partidista”, dijo al asegurar que la formación y la disputa interna del partido es un elemento de democracia fundamental que no se puede perder. (FCT)

 

Financiamiento público

El financiamiento público se denomina Fondo Partidario Permanente (FPP), el cual es asignado por el Consejo Nacional Electoral a través de una partida del Presupuesto General del Estado, cuyo monto es equivalente al 0,3 por mil de los egresos fiscales constantes.

Esta partida proviene de las multas que recauda el Consejo Nacional Electoral y de aportes del Presupuesto General del Estado.

En la asignación de financiamiento público permanente, las alianzas que se mantengan recibirán un 20% adicional de los recursos que les corresponde a cada una de ellas, en el caso de cumplir los requisitos de asignación a las organizaciones miembro.

Este dinero puede ser utilizado exclusivamente para actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para su funcionamiento institucional.