El Gobierno dice que con estos convenios se lograrían $30 mil millones de inversión en 5 años.
El análisis de la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital (ley de inversiones), que el Ejecutivo ingresó el 22 de febrero con carácter de urgente, está en la recta final en la Asamblea.
El informe para el debate final está listo y deberá ser aprobado o rechazado en su totalidad hoy, 24 de marzo de 2022, cuando se cumplen los 30 días para su trámite. En el documento se incorporaron propuestas como la prohibición expresa de delegaciones o concesiones privadas en temas relacionados con el agua.
Con 6 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea acordó añadir en el artículo 73 del proyecto, la prohibición expresa de la aplicación de las Alianzas Público-Privadas (APP) en todo lo relacionado con el recursos estratégico del agua.
También se consensuó la adición de una disposición transitoria décima séptima, en la cual se establece un plazo de 90 días, luego de la promulgación de la Ley, para que se regularice al personal de salud en el sector público.
Punto controversial
Uno de los temas que ha generado controversia durante el tratamiento de esta propuesta tiene que ver con las Alianzas Público Privadas (APP), que los detractores del Gobierno pretenden vender como privatizaciones.
Según la página web del Ministerio de Producción, estos acuerdos son para proveer bienes, obras y servicios que son competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados o del Gobierno Central.
Actualmente, ya existe la Ley Orgánica de Incentivos pasa Asociaciones Público Privadas, la cual fue inscrita en el Registro Oficial en diciembre de 2015.
En siete años, apenas se aprobaron tres proyectos de infraestructura a través de estas alianzas: el proyecto de Puerto Bolívar (2016), proyecto Puerto Posorja (2016) y la carretera Río 7 – Huaquillas (2016).
Para la asambleísta oficialista Nathalie Arias, el problema es que esta norma no daba garantía jurídica por ser ambigua. Era una Ley con errores y vacíos. Esto, según Arias, fue lo que motivó al Presidente para proponer su reestructura.
¿Cómo funcionarían las APP?
El artículo 5 de la Ley de inversiones se refiere a la “Gestión Delegada”. Es decir, que el Estado puede encargar la gestión de un proyecto público mediante contratos a largo plazo. También en este numeral se aclara que “son indelegables las facultades de planificación, rectoría, regulación y control a cargo del Estado”.
Según el artículo 64 de la misma norma, los plazos de estos contratos pueden ser de hasta 40 años.
Arias dice que con este nuevo modelo, en el que la palabra clave es delegar, el Estado mantiene la capacidad de supervisar. Además, aclara que la mayor parte del grueso de la inversión es para infraestructura.
Esta fórmula también se aplica a servicios. Por ejemplo, una comunidad que no tiene agua potable, puede ser parte de un proyecto entre una empresa privada y una pública. En este caso, dice Arias, existen tarifarios para el cobro de servicio y que están sujetos al control del Estado.
Estos convenios no pasarían el filtro de la Ley de Contratación Pública, porque no entrarían como contratistas. Además, se aplicarían de acuerdo con los proyectos que cumplan los montos mínimos de inversión que serán determinados por el Reglamento. Si el valor de la inversión es menor a dicho monto, se ejecutará con los procesos de contratación ordinaria.
Las críticas
John Vinueza, asambleísta independiente por Chimborazo y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, votó en contra de la Ley de Inversión y presentó un informe de minoría en el que se propone excluir de las APP, los sectores que tengan relación con el agua, la biodiversidad y la salud.
Vinueza plantea que se haga un proceso de socialización, pues considera que los beneficiarios de los proyectos deben saber y estar de acuerdo con que el servicio público sea gestionado por empresas privadas.
Aunque admite que el sistema de convenios con el sector privado necesita una reforma urgente, Vinueza cree que de la manera en que está planteado, puede dejar una puerta abierta para que la empresa privada entre en sectores delicados. “La ley no tiene límites ni candados” dice.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los países de Latinoamérica deberían invertir el 5% del PIB en infraestructura. Ecuador no llega al 1%
70 votos son necesarios para aprobar la iniciativa.
El presidente Guillermo Lasso está optimista de que la propuesta logre el respaldo necesario.