“Dios te encomiendo a mis hijas y mi esposa, y te pido que seas el guía de mi ruta y bloquees los ojos de quienes quieren hacernos daño”, esa es la oración que repite José Luis M., conductor de un bus interprovincial, cada que sale de su casa.
El hombre lleva en esta profesión por casi 30 años y menciona que ser transportista siempre ha sido un trabajo de riesgo, pero las cosas se han puesto más difíciles actualmente por el incremento de la inseguridad a toda escala.
José Luis cuenta que, en un viaje que hizo hasta Quevedo, provincia de Los Ríos, recibió una llamada en la que un sujeto le decía que tenía que pagar 150 dólares semanales para que él, su familia y su unidad de transporte estén bien.
“No puedo decir que no me asusté, porque la sola voz de ese hombre me generaba escalofríos, cuando llegué del viaje a la casa hablé con mi esposa y decidimos cambiar mi número de teléfono y desde entonces ya no contesto llamadas de números desconocidos”, dijo el hombre.
Este no sería el único caso, pues a Miguel P., de 49 años, le pasó algo similar cuando recibió una llamada en la que le pedían mil dólares mensuales por no hacerle daño.
“Me dijeron el número de la placa y disco del bus que manejo, además, me señalaron las rutas en las que viajo normalmente y hasta me dijeron cómo tenía que dejarles el dinero, una primera entrega tenía que hacerla en un punto específico en la ruta que va a Ibarra”, recordó Miguel.
El conductor asegura que no se detuvo en todo el camino y aunque no ha vuelto a recibir llamadas extorsivas de vacunadores, recalca que el miedo está latente.
Ambos conductores pidieron al Gobierno que se articulen más operativos de control en las carreteras.
“Prefiero perder unos minutos parando por los controles, a que nos pase algo por culpa de los delincuentes”, concluyó Miguel.
TOME NOTA Si usted ha sido amenazado por extorsionadores puede hacer la denuncia reservada al 100 DELITO (1800-335486).
Desde el gremio
Sobre el particular, Santiago Narváez, presidente de la Unión de Transportistas Inter e Intraprovinciales de Tungurahua, mencionó que si bien es cierto el peligro es evidente y la situación es difícil en las carreteras, hasta la organización no han llegado denuncias formales sobre el particular.
“Hemos escuchado de casos pero en otras provincias, aquí nuestros compañeros no nos han notificado sobre estas amenazas de extorsión”, sostuvo el representante gremial.
Sin embargo, hizo un llamado a todos los transportistas para que, a pesar del miedo que generan este tipo de amenazas, hagan las denuncias respectivas para que la Policía pueda dar con quienes se dedican a este tipo de actividades ilegales.
Finalmente Narváez sostuvo que el decreto presidencial en el que se dispone al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, enfrentar el terrorismo con todos los medios con los que cuenten a su disposición “es algo bueno, porque es la forma de darle seguridad a la ciudadanía y así devolverle la tranquilidad que necesita el país para seguir produciendo y laborando con normalidad”.
EL DATO Desde esta semana está vigente el decreto presidencial permite a las Fuerzas Armadas cumplir con el inicio de operaciones militares para enfrentar y contrarrestar la amenaza contra la soberanía e integridad territorial.
Desde la Policía
Mientras tanto Danny Cabrera, teniente coronel de Policía y jefe subrogante del Distrito Ambato Sur, insistió en que quienes sean amenazados por extorsionadores denuncien el hecho.
La autoridad recalca que sin una denuncia formal la Policía no puede realizar las intervenciones del caso o conocer del ilícito y así dar con los maleantes.
Además, el oficial enfatizó en el hecho de que las víctimas comuniquen estos actos delictivos al 911 o al 1800 DELITO para facilitar el trabajo de los uniformados y así no queden en la impunidad y más personas sigan siendo extorsionadas. (NVP)
Extorsión según el COIP
En el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal señala que “la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
La sanción será de cinco a siete años si se verifican alguna de las siguientes circunstancias:
- Si la víctima es una persona menor a dieciocho años, mayor a sesenta y cinco años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida.
- Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otra similar o con una persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
- Si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.
- Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad.
- Si se comete total o parcialmente desde el extranjero.