Cubiertos la cara y con armas de fuego, los delincuentes habrían irrumpido las clases virtuales para amenazar a los estudiantes y profesores.
En Ambato y Píllaro se han registrado 10 casos confirmados de intimidación, en los cuales, los delincuentes se han infiltrado en varias clases virtuales para amenazar a maestros y estudiantes, según mencionó Celso Aguirre, presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo Tungurahua (UNET).
Los estudiantes de todo el país están en clases virtuales, y según anunció el Ministerio de Educación esta modalidad se mantendrá hasta mañana, viernes 19 de enero.
EL DATO Este tipo de casos que se estarían dando también en otras ciudades.
Situación
Los delincuentes habrían irrumpido las clases virtuales en unidades educativas de Ambato y Píllaro, enmascarados para evitar ser reconocidos y con armas de fuego, intimidando y amenazando con poner bombas dentro de los establecimientos educativos, con la intensión de sembrar miedo e incertidumbre en los participantes de la clase.
Celso Aguirre indicó que durante la mañana de ayer, la denuncia fue realizada en Fiscalía, con la finalidad de que se tome los correctivos y se desarrollen las investigaciones de acuerdo a la situación.
Además, Aguirre respaldó a la UNET con el pedido de un protocolo de seguridad para unidades educativas en casos de terrorismo, ataque o situaciones similares.
También sumó a este pedido, el resguardo policial o militar en los centros educativos para garantizar la seguridad en caso de que se vuelva a la modalidad presencial.
Acciones
Paulina Salazar, coordinadora Zonal 3 de Educación, mencionó que desde este Ministerio han depurado las claves de los usuarios de los estudiantes y de los docentes, para evitar que personas ajenas al sistema educativo puedan ingresar, en este caso a clases virtuales, y de alguna manera tengan contacto con la comunidad educativa.
“Una vez que el docente identifica esta situación inmediatamente reporta a la autoridad institucional y se procesde con la Dirección Distrital, incluso de ser necesario con una denuncia a Fiscalía con el objetivo siempre de precautelar no solamente la vida y la seguridad física de la comunidad educativa, sino también su seguridad emocional y psicológica”, mencionó Salazar. (VAB)