Habrá modificaciones en los límites de velocidad y se anularán las citaciones emitidas.
Los constantes reclamos de los transportistas por el radar ubicado en la vía a Quito, sector KFC, ocasionó que se intervenga este dispositivo para verificar si presentaba alguna falla.
En este punto el máximo de velocidad era de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, la mayoría de conductores caían en la infracción porque circulaban en marco al rango establecido para redes estatales y no avanzaban a frenar.
Han sido muchos los conductores sancionados desde que se encendieron los radares. Los transportistas pesados tenían más problemas, ya que el volumen de la carga imposibilitaba el frenado rápido en una extensión aproximada de 300 metros.
Inspección
Las quejas dieron paso a reuniones en la empresa pública de Transporte Terrestre. Posteriormente una comitiva de funcionarios y profesionales del volante se movilizaron al sector del KFC, para realizar una inspección al dispositivo.
Se hizo un comparativo entre los tacómetros de los vehículos y el radar. El resultado arrojó un kilómetro de diferencia; sin embargo, el problema es el límite de velocidad que regía en ese punto porque los conductores no avanzaban a frenar, a pesar de que muchos de ellos circulaban por otros tramos de la misma red estatal en el rango correcto.
Acuerdos
Actualmente este radar no registra infracciones porque se harán modificaciones al límite de velocidad, cambios que prevén oficializarse en el transcurso de esta semana.
Los vehículos livianos circularán hasta los 70 kilómetros por hora y 60 para los pesados. Todas las citaciones captadas por este radar serán anuladas y se devolverá el dinero a las personas que ya cancelaron la multa.
No se lo reubica
Héctor Fiallo, gerente de la empresa de Transporte, puntualizó que el rango de velocidad no lo puso la entidad a la que representa, sino que estuvo determinado en el convenio tripartito por las competencias de tránsito.
«El radar está bien, el problema son los límites. Las citaciones van a pasar como una etapa educativa, pero ninguna será subida al sistema», expresó Fiallo.
El funcionario indicó que se harán las gestiones pertinentes para modificar el rango de velocidad, pero aclaró que el dispositivo se mantiene en el lugar porque existen muchos habitantes en las cooperativas de vivienda colindantes.
Fernando Ortiz, presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado en Santo Domingo de los Tsáchila, confía que lo pactado se cumpla para que el conductor no sea perjudicado con las sanciones económicas. (JD)