En promedio, una semana al mes se pierde en cumplir con la burocracia estatal. Entre los sectores más afectados están el agropecuario y el agroexportador.
Una ‘telaraña’ de licencias, permisos, requisitos laborales, trámites de impuestos, entre otros, complican el desarrollo y el día a día de las empresas en el país. La llamada tramitología se ‘come’, en promedio, 680 horas anuales de los negocios locales.
En otras palabras, se tiene que dedicar el equivalente a una semana al mes para el cumplimiento con una estructura burocrática establecida desde el sector público. Ese tiempo podría destinarse a generar más producción y empleo.
Estrategia para crecer
A diferencia de Ecuador, Colombia consume menos horas para este proceso (524), pero Argentina, más (810).
Raquel Bueno, emprendedora y economista, comentó que, aunque se han hecho algunas optimizaciones en el Servicios de Rentas Internas (SRI) y en los procesos de constitución de empresas, todavía hay que reducir trámites para hacer menos engorrosa la apuesta de hacer negocios en el país.
“Hay sectores con más cargas que otros, pero en general debería reducirse a por lo menos la mitad los requisitos y procesos. Con eso, los micro y pequeños empresarios podrían ahorrarse hasta el 20% de gastos y un 35% de tiempo. Eso significa más espacio para crecer”, acotó.
Ineficiencia y excesos
- En primer lugar, casi 300 horas se tiene que invertir en los trámites de administración del empleo, en la se incluye procesos de contratación y despido, seguridad social, salud ocupacional, reportes a ministerios, entre otros.
Casi un 40% de ese tiempo se va en demoras, procesos represados y duplicados. Un ejemplo de esa mala gestión está en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que, a pesar de tener una nómina de más de 30.000 funcionarios (gran parte administrativos) hay problemas de cobro y tiempo de respuesta a requerimientos.
En promedio, se han creado entre 10 y 15 nuevos trámites anualmente durante los últimos 14 años.
Por eso, desde gremios empresariales y sectores productivos se ha propuesto que, antes de crear nuevos requisitos, primero se deben eliminar dos o tres para compensar. Así, también podría ir reduciéndose el tamaño del Estado y gran parte del llamado gasto público improductivo.
Penalizados por producir
- En segundo lugar, las empresas deben destinar alrededor de 235 horas al año para cumplir con permisos, licencias, certificaciones especiales, entre otros requisitos relacionados con cada sector de la economía.
Una de las actividades más afectadas con estas trabas es el agropecuario y el agroexportador. A pesar de que es uno de los motores del país, y hasta septiembre de 2021 generó más de $6.000 millones de ingresos, los productores del campo tienen dificultades, incluso, para importar insumos básicos.
Así, por ejemplo, el 16 de noviembre de 2021, gremios industriales y agrícolas denunciaron que la tramitología hace que se triplique el tiempo que necesitan para importar materias primas escasas en el país, como soya, maíz y trigo.
Además, todavía se debe reducir o eliminar un esquema de requisitos técnicos que generan gastos y ningún beneficio a la producción. El Servicio Nacional de Aduana es una de las dependencias públicas que más cambios y optimizaciones necesita.
Bueno puntualizó que entre más difícil se hace las actividades de los que actúan de manera formal y legal, se está fomentando al ya grande sector informal y del contrabando.
Tasas y contribuciones
- Finalmente, aunque han existido mejoras en los procesos y se ha avanzado en la digitalización (sobre todo en el SRI), los trámites vinculados a impuestos, tasas y contribuciones todavía toman alrededor de 150 horas al año.
El mayor problema se registra en los tributos que se cobran a nivel local (sobre todo a través de los municipios). Además, los procesos y los pagos de tasas en instituciones -como la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)– contribuyen a aumentar los costos en tiempo y dinero. (JS)
Dos acciones para facilitar el inicio de los negocios
El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó dos decretos ejecutivos el 19 de noviembre de 2021. En el primero se da viabilidad a la creación de la Ventanilla Única de Inversiones, cuyo objetivo es reunir los trámites de 35 instituciones públicas en una sola plataforma virtual.
Así, el Gobierno busca simplificar y reducir los procesos que se necesitan para iniciar una inversión en el país.
“Queremos evitar tener a los inversionistas de un edificio a otro, de una plataforma a otra. Ustedes como inversionistas vienen al Ecuador a hacer negocios y no a hacer papeleo”, dijo Lasso.
El segundo decreto, por su parte, da paso al establecimiento de la Secretaría Técnica de Asociaciones Público Privada y Gestión Delegada. Esta instancia debe convertirse en el interlocutor directo entre las autoridades y los inversionistas.
“Cada nuevo proyecto es una fuente de generación de empleo para padres y madres de familia y jóvenes”, concluyó Lasso.