El TCE resolvió reconocer fallas estatales en el proceso de pedido de consulta popular por el Yasuní. La pregunta pasará a la Corte Constitucional.
El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió aceptar la apelación del colectivo Yasunidos, dentro del proceso para la consulta popular por la explotación petrolera en el Yasuní, en Orellana. Esta iniciativa empezó en el 2014.
Uno de los impedimentos que puso el Consejo Nacional Electoral (CNE) es que Yasunidos no tenía una supuesta legitimidad democrática para hacer la petición. Pero eso fue subsanado por el TCE.
El Tribunal, en su sentencia, señala que determinó contradicciones en las actuaciones del CNE. Para los jueces electorales es inexplicable que el Consejo haya participado en una Comisión de Auditoría independiente, donde se identificaron vulneraciones a los derechos de participación de Yasunidos, y que luego determine que una falta de cumplimiento sobre “legitimación democrática”.
Entonces, el TCE, según la sentencia de ayer 05 de septiembre, dispuso que, en máximo 15 días máximo, el CNE acepte el informe de auditoría independiente, otorgue el certificado de legitimidad democrática y remita a la Corte Constitucional el pedido para que expida el «dictamen que corresponda».
Los jueces constitucionales deberán analizar la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo?
El colectivo, en un comunicado, asegura que esta sentencia detiene la sistemática vulneración de sus derechos. Para ellos, “representa la lucha por la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento, la defensa del lugar más biodiverso del planeta y la lucha por los derechos de participación del pueblo ecuatoriano, que lleva casi una década sin poder ejercer su derecho a ser consultado”.
El Gobierno encargó a Petroamazonas EP el desarrollo del Bloque 43 – ITT, tras la aprobación de la Declaratoria de Interés Nacional por parte de la Asamblea Nacional el 22 de octubre de 2013. Este fue un pedido de Rafael Correa, como Presidente, el 23 de agosto de ese año. (DLH)