Pasaron cinco días entre el cambio de mando y la entrega del informe de gestión del ex presidente Lenín Moreno.
El 24 de mayo, Lenín Moreno se retiró de la Asamblea y de Carondelet, dejando en el cargo al nuevo presidente, pero su informe de gestión llegó cinco días más tarde. Esta acción entra en conflicto con la Ley de Participación Ciudadana.
El informe remitido a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori consta de 110 páginas y detalla los avances del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, con información de las 111 entidades que conforman el Poder Ejecutivo.
Pero ¿cuál es el inconveniente? Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ve en este retraso un conflicto con Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
«Efectivamente, llegó cinco días tarde, violando la Ley de Participación Ciudadana. Es la primera vez desde 2008 que no se realiza una rendición de cuentas en la Asamblea», dice y justifica su argumento en los artículos 92 y 95 de la mencionada normativa.
El artículo 92 de la Ley se refiere a la obligación de las autoridades elegidas por votación popular respecto a rendir cuentas, mientras que el 95 establece la periodicidad: «La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley».
Ahora, según Celi, lo que procede sería que el Consejo de Participación Ciudadana presente una queja ante la Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información.
«Por su parte la Asamblea, deberá pronunciarse a la rendición de cuentas realizada por Moreno, en donde podrá resolver lo que establezca el Pleno», explica Celi.
El contenido del informe
“Son miles de datos y cifras recopilados en las entidades que conforman la Función Ejecutiva”, cita Moreno en su rendición de cuentas. El sector social, económico y seguridad son los ejes que destaca en el documento.
Entre los principales, según el documento, está la entrega de bonos, lo que significó un aumento en la Red de Protección Social; el labor de “Las Manuelas” que atendieron a 400.000 personas con discapacidad, además de cerca de 150.000 víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar.
Asegura que se invirtió $11 millones en el sector de la salud y que se entregaron 124.000 vivientas a través de la Misión Casa para Todos.
En el tema económico, el informe resalta que el 24 de mayo del 2017 “Moreno recibió un país endeudado y en crisis”. Y presenta como sus “logros” la renegociación de la deuda y el alivio financiero mediante acuerdos con organismos multilaterales.
En el área de Seguridad, el documento señala que «se fortalecieron las capacidades operativas para combatir el terrorismo, narcotráfico y actividades ilícitas en el mar». Mientras que en rehabilitación social, «se ha intentado que los PPL cumplan penas en parámetros de dignidad».
Arianna Tanca, analista política, considera que entregar un documento supone cumplir con la ley, sin embargo «debemos preguntarnos ¿es un informe efectivo?, ¿cuántos ciudadanos lo leerán?, ¿podemos pedir explicaciones?», cuestiona.
Además, comenta que el gobierno anterior falló en ese aspecto y es una tarea pendiente para el siguiente. (CV)