La ministra de Energía, Andrea Arrobo, aseguró, durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económica de la Asamblea, que la segunda ley económica urgente de Noboa busca facilitar que privados generen electricidad, pero no subirán los costos para el consumidor final.
Este 26 de diciembre de 2023, la comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea inició el trámite de la ley de Competitividad Energética, que es la segunda ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea.
Una de las primeras comparecencias fue la de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. Ante los cuestionamientos sobre un posible aumento del costo de la electricidad, como consecuencia de la nueva ley, recalcó que «la tarifa no va a subir. Si querían escucharlo de mi boca y de la manera más directa, no, no va a subir«.
La ministra aseguró que la iniciativa del ejecutivo busca reconfigurar cómo están destinadas las tarifas en toda la cadena energética. En otras palabras, cuánto dinero va a generación, transmisión y distribución, pero sin aumentar el precio al consumidor final.
Esto a pesar de que los 10 centavos por kilovatio-hora que se cobran en Ecuador no cubren todos los costos y sobre todo no dejan margen para la inversión pública en ampliar la capacidad de generación de eléctrica.
Por eso, Arrobo recalcó que la ley de Competitividad Energética busca facilitar e impulsar que el sector privado aumente su capacidad de auto generación a cambio de beneficios tributarios.
Asimismo, se abre la puerta para que se delegue a empresas privadas, en casos excepcionales, el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público.
Arrobo puntualizó que se necesitarían al menos $10.000 millones para implementar 37 proyectos de generación de energía eléctrica hasta 2032. Esos proyectos podrían 7.404 megavatios (MW). El Estado por sí solo no puede solventar esa inversión por lo que “Es imperativo impulsar un ambicioso plan de expansión de generación y transmisión de energía”.
Esto incluye hidroeléctricas grandes como Santiago y Cardenillo, que han estado en carpeta desde hace años, pero que no se han concretado.
La ministra de Energía aseveró que no se busca privatizar el sector eléctrico, pero sí abrir la posibilidad de que los privados impulsen grandes proyectos vía mecanismo como las Alianzas Público-Privadas y la delegación.