El subsecretario de Memoria Social del Ministerio de Cultura explica que la suma anterior provenía de cálculos sin base legal y que los fondos otorgados sí alcanzan para lo que la estipula.
El año pasado, el Ministerio de Cultura redujo la asignación presupuestaria de la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit en 68% —más de 400 mil dólares—. El hecho desató una ola de protestas entre la comunidad académica y cultural ecuatoriana. Ante ello, Alfonso Espinosa, subsecretario de Memoria Social del Ministerio de Cultura, asegura que “varias de las personas que han opinado no tienen idea de lo que dice la ley y protestan desde una reacción emocional poco informada”. Juzga necesario aclarar qué yace detrás de lo sucedido.
Espinosa es tajante al afirmar que “no se han recortado fondos”. Al contrario, insiste en que apenas “se ha calculado debidamente la asignación legal que debe recibir este repositorio, una institución privada declarada de interés nacional mediante una ley en 1995”. Este cálculo debido, según el funcionario, parte de considerar ciertos factores que hasta entonces no se habían tenido en cuenta.
Cálculos de la propia institución
El primero es la propia Ley de Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, promulgada por el Congreso Nacional en 1995. Esta, según Espinosa, asignaba recursos “para la gestión de la biblioteca y su archivo, sin mencionar ninguna otra actividad”. En el caso de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit (BEAEP), esto cobra especial relevancia. La institución, además de la biblioteca y el archivo, tiene a su cargo importantes museos de arte e historia, así como diversas colecciones científicas. Ante ello, Espinosa enfatiza que el valor asignado “no cubre procesos administrativos ni la gestión del museo o las colecciones de insectos”. Eso, se supone, debería estar a cargo de la propia institución.
El subsecretario explica que el cálculo de $195 mil —la nueva asignación que recibe la BEAEP en lugar de los 600 mil de años pasados— no es resultado de un recorte ni de una decisión arbitraria, sino del análisis de los costos presentados por la propia institución. “La asignación entregada por el Ministerio a la BEAEP para gestión bibliotecológica y archivística fue de aproximadamente $195 mil. Este valor sale de la propia planificación presentada por la Biblioteca, no es impuesto por el Ministerio”, afirma. El monto debería bastar para que la BEAEP continúe gestionando aquellos campos establecidos por la ley: biblioteca y archivo.
Criterios encontrados
El otro tema en disputa es el cálculo que dio origen a la suma de $600 mil. La ley de 1995 estableció que la asignación “no será inferior al equivalente a 1.500 salarios mínimos vitales generales”. Para aquel entonces el salario mínimo era de 100 mil sucres, ello significó, por ejemplo, que para el año 2000, tras la dolarización, la asignación se calculaba con base en un salario mínimo de 4 dólares, por lo que el monto resultante era de apenas $6 mil. El cambio de moneda había alterado todos los cálculos. Ante eso, la BEAEP solicitó al Procurador General del Estado que se pronunciara al respecto. Este, en 2006, estableció que “tal asignación debería corresponder a una suma que tenga un poder adquisitivo similar a aquella que tenía el momento en que se creó el beneficio”. El pronunciamiento del Procurador, que no arrojó un monto objetivo ni cuantificable en sentido monetario, da entonces lugar a diferentes interpretaciones.
En 2006, los funcionarios del Estado juzgaron que la manera correcta de mantener “el poder adquisitivo similar” que ordenó el Procurador era tomar como referencia para el cálculo de los “mil quinientos salarios mínimos vitales” el valor del salario básico unificado vigente. Eso, ante el salario de 400 dólares vigente en 2021, daba como resultado 600 mil dólares. Alfonso Espinosa considera que ese cálculo fue erróneo: “contrariando el criterio ya expuesto de la Procuraduría, se equiparó arbitrariamente el salario básico unificado con el salario mínimo vital, sin contar con ninguna base legal”. En lugar de ello, el Ministerio de Cultura adoptó otro tipo de cálculo, que buscaba determinar el poder adquisitivo que dicha suma tenía. “La proyección del valor de los 1.500 salarios mínimos vitales desde el año 2000 hasta el 2021 ofrece un valor similar al que tenía la asignación de 1995, aproximadamente $44.000”, afirma. Así, la suma entregada —195 mil dólares— superaría ampliamente lo legalmente establecido.
No solo el Estado
Para Espinosa, el malestar tiene un origen diferente. “Del lado de la BEAEP hay un reclamo que nace de una larga dependencia en exclusividad de los recursos públicos”, asegura. El funcionario insta a la institución a buscar otras fuentes de ingresos: “Es indispensable que una entidad de la trayectoria e importancia de la BEAEP desarrolle un modelo de gestión que no dependa exclusivamente de recursos públicos para su sostenimiento y cuente con aportes privados, individuales y corporativos”.
El Ministerio de Cultura ha sufrido sostenidos recortes presupuestarios desde hace varios años y es inevitable que ello se refleje en los recursos de los que disponen diferentes instituciones. No obstante, Espinosa mantiene la esperanza y, sobre todo, invita a la comunidad a buscar alternativas y no esperar apenas por el Gobierno central. “Esperamos que se puedan recuperar presupuestos, pero urge articular una cruzada por el patrimonio cultural: el cuidado y protección de bibliotecas, archivos y museos debe ser una tarea compartida por el gobierno central, los municipios y prefecturas, con el apoyo decidido de la academia, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación”, enfatiza.