La institución sufrió un recorte de 68% en su presupuesto, luego de que el Ministerio de Cultura optara por reinterpretar la ley.
En diciembre del año pasado, el personal de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit se llevó una amarga sorpresa al recibir la asignación anual de parte del Estado. No solo que los recursos habían llegado con varios meses de retraso, sino que se había reducido en 68%. Sin previo aviso ni oportunidad alguna de expresar su posición, la institución pasaba de contar con 600 mil dólares al año, a tener apenas 195 mil.
Desde 1995, cuando se expidió la Ley de la Biblioteca Ecuatoriana y se la nombró Institución de Interés Nacional, la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit ha recibido una asignación, contemplada en el Presupuesto General del Estado.
La ley dicta que esta “no será inferior al equivalente a mil quinientos salarios mínimos vitales generales”. Sin embargo, a fines del siglo pasado —a raíz de la severa crisis económica y de la dolarización—, el salario básico llegó a desplomarse hasta la irrisoria suma de cuatro dólares, lo que conllevó una distorsión extrema de todas las asignaciones y fondos que estaban atados a él. La biblioteca no fue la excepción; al ver que su asignación anual había caído a 6.000 dólares al año, que no permitían cubrir ni los costos más elementales, elevó una consulta a la Procuraduría General del Estado.
Lo que manda la ley
El procurador general del Estado, José María Borja, se pronunció al respecto el 6 de julio de 2006. Estableció que la ley tenía “un piso, más no un techo” y que la asignación “en ningún caso puede ser inferior a un mil quinientos salarios mínimos”. Concluyó además que “tal asignación debería corresponder a una suma que tenga un poder adquisitivo similar a aquella que tenía el momento en que se creó el beneficio”.
Desde 2006 hasta 2020, el Estado ajustó la suma según el valor del salario mínimo vigente; así, el año pasado le hubiese correspondido a la biblioteca la suma de 600 mil dólares y en 2022, tras el reciente aumento salarial, 637.500. Sin embargo, el año pasado, los funcionarios del Ministerio de Cultura, amparados en cálculos propios, juzgaron que a la biblioteca le correspondía apenas 195 mil dólares.
Para el padre Iván Lucero, director ejecutivo de la institución, dicha medida implica que el Ministerio de Cultura se está arrogando la capacidad de interpretar la ley, algo que, en este contexto, le corresponde apenas a la Procuraduría General, y desacreditando el proceder del Estado durante los catorce años previos. El recorte ha tenido consecuencias gravísimas para la biblioteca y Lucero cree —teniendo en cuenta la cantidad mínima que eso representa en el marco de todo el Presupuesto General del Estado— que no ha sido producto de la mala fe, sino apenas de falta de conocimiento.
Un reconocimiento
La asignación estatal, destaca Lucero, es un reconocimiento al esfuerzo que llevó a cabo la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit desde 1929 hasta 1995, sin apoyo gubernamental alguno, para preservar la memoria nacional durante toda esa época en la que el Estado no contaba con los recursos ni la capacidad de hacerlo. Eso no significa que se trate de una institución incautada o de propiedad del Estado; el núcleo de la biblioteca —tanto en infraestructura como en materiales y en personal— ha sido y sigue siendo producto de la gestión privada de la institución.
Hasta hoy, la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit es la base de operaciones, una ‘parada obligada’, para todos los investigadores del país. Ningún otro archivo iguala la riqueza de su catálogo ni sus estándares de orden y conservación. El servicio, pese a las constantes adquisiciones y tareas de digitalización que lleva a cabo a institución, siguen siendo gratuitos. Igualmente, su prestigio hace que, año a año, destacados intelectuales, académicos e investigadores donen sus archivos personales a ella para su preservación. Cuenta con apenas 18 funcionarios.
Ante un remezón tan profundo e inesperado, Lucero reconoce que la institución ha necesitado apelar al endeudamiento para mantenerse operativa. Confía en que las cosas vuelvan a su cauce y que el Estado retome sus obligaciones. Por el momento, solo han apelado a la opinión pública para expresar su inconformidad con lo sucedido. No tienen claro aún cuál será el camino que, si es necesario, habrá que seguir en lo político o legal para remediar la situación, pero tiene claro que el panorama actual resulta insostenible.