La consulta popular, la muerte cruzada y la aprobación de la norma por partes son las alternativas en análisis.
El presidente Guillermo Lasso anunció que se analizarán todas las alternativas constitucionales y legales para insistir en la aprobación de la Ley de inversiones, que fue negada y archivada el 24 de marzo de 2022 por la Asamblea Nacional.
Una consulta popular, utilizar la figura de la muerte cruzada, o eventualmente intentar una acción de inconstitucionalidad ante lo actuado por la Asamblea, son las cartas que se analizan en el Ejecutivo.
El artículo 140 de la Constitución refiere que la Asamblea deberá aprobar, modificar o negar dentro de un plazo de 30 días a partir de su recepción los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica remitidos por el Gobierno. En este artículo de la Constitución no se menciona la facultad del Legislativo de archivar una ley.
Con este sustento jurídico, la constitucionalista Vanessa Aguirre cree que el régimen podría solicitar una acción de inconstitucionalidad a la resolución de la Asamblea. “Creo que este es el camino que tiene el Gobierno, porque la Asamblea está haciendo lo que la Constitución no le permite”.
La muerte cruzada
En caso de que el Presidente se decida por la muerte cruzada, lo que le permitiría gobernar mediante decretos mientras se realizan nuevas elecciones que lo reemplace a él y a la cesada Asamblea, el papel de la Corte Constitucional (CC) será vigilar que cuando el empiece a gobernar a través de esos decretos ley “no se le vaya la mano”, dijo la especialista.
Básicamente, los jueces de la CC deberán estar pendientes que los decretos tengan carácter constitucional y limitar la posibilidad de exceso de poder, porque el mandatario ya no tendrá el contrapeso de la Asamblea.
La figura de la muerte cruzada es una potestad reconocida en la Carta Política del Estado y faculta a un jefe de Estado a utilizarla, pero no es ilimitada. En ese tiempo, la CC tiene la obligación de vigilar que no haya excesos.
Además, el plazo para gobernar con decretos de ley es de máximo seis meses, mientras se llama a elecciones anticipadas.
Consulta popular
La CC solo podrá intervenir si la decisión del régimen es ir por una consulta popular. En ese caso, deberá analizar que las preguntas que proponga el Ejecutivo estén apegadas a la Constitución y, eventualmente, calificarlas.
Pero una consulta polariza a las fuerzas políticas. En este momento, arriesgarse a tomar esta decisión sería para perder y prestarse a una especie de referéndum sobre su gestión, opinó el analista político Alfonso Espín.
Otro camino que tendría el Gobierno sería la negociación política. Es decir, hacer un esfuerzo por acercarse a la Izquierda Democrática y Pachakutik, modificar la ley o enviarla en partes como lo hizo con la Reforma Tributaria en diciembre de 2021. (SC)
EL DATO: El Artículo 140 de la Constitución dice que la Asamblea debe aprobar, modificar o negar leyes. No se menciona nada sobre la capacidad de archivarlas.