Interpelación: El correísmo y ADN empezaron a medir fuerzas por el juicio a la fiscal general del Estado

COMPARECENCIA. Momento en que Diana Salazar, fiscal general del Estado, se disponía a salir de la Comisión de Fiscalización. (Foto: Asamblea)
COMPARECENCIA. Momento en que Diana Salazar, fiscal general del Estado, se disponía a salir de la Comisión de Fiscalización. (Foto: Asamblea)

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se adelantó a la intención correísta de llevarla al banquillo de los acusados en la esfera política. “El caso León de Troya servirá como un abrebocas y un antecedente de esta interpelación (juicio político) que pronto se iniciará; vamos calentando motores”, dijo.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) empezaron a medir fuerzas por la interpelación a la fiscal general del Estado (FGE), Diana Salazar, a pocos días de que en la Comisión de Fiscalización empiece el proceso de sustanciación en su contra por presunto incumplimiento de funciones.

El 28 de noviembre de 2023, Gisella Garzón (RC) presentó la solicitud de juicio y mencionó, entre varias causales, la inseguridad que se vive en el país y el “abandono” a los fiscales para que puedan ejercer su cargo.

El proceso de interpelación a la Fiscal General del Estado iniciará una vez que la Comisión de Fiscalización apruebe un informe final del juicio político en contra del exministro del Interior,  Juan Zapata, que arrancó el 17 de abril. Los plazos para la presentación de este informe concluyeron el 12 de mayo de 2024. En las próximas horas se elaborará el documento para ser remitido al Pleno de la Asamblea recomendando continúe o no con la acusación política en contra del exfuncionario.

A partir de ese momento correrá un plazo de cinco días para calificar el juicio a la fiscal Diana Salazar. “El juicio político (a la Fiscal) está a puertas, a días”, dijo la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC).

En una comparecencia a la Comisión de Fiscalización, donde fue convocada para informar sobre las acciones adoptadas en el caso León de Troya (Caso Encuentro) que investiga un presunto de delito de delincuencia organizada donde son investigados Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Hernán Luque Lecaro, entre otros, Salazar se adelantó a las intenciones del correísmo y aclaró que sus respuestas fueron de carácter procesal, pero que deben ser resueltas por los jueces.

“El caso León de Troya servirá como un abreboca, y un antecedente de ese juicio político que pronto se iniciará, vamos calentando motores”, dijo la Fiscal.

Esta es otra de las causales por las que la Fiscal tendrá que responder ante la Comisión. Según Gissella Garzón, investigaciones como León de Troya no tuvieron el seguimiento que correspondía en la Fiscalía.

Durante casi dos horas de comparecencia en la Comisión de Fiscalización, Salazar abordó varios temas, incluyendo el avance de la investigación del caso León de Troya, que se unificó con el caso Encuentro, y los trabajos coordinados con la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), así como los principios de confidencialidad y reserva en las investigaciones.

La funcionaria anunció que la audiencia preparatoria de juicio será entre el 16 y 17 de mayo de 2024. En cuanto al pedido de extradición de Hernán Luque Lecaro desde Argentina, aclaró que este trámite corresponde exclusivamente a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), no a la Fiscalía, aunque manifestó su interés en que Luque Lecaro esté presente en el país para el proceso relacionado con delincuencia organizada.

En medio de las preguntas de los asambleístas, desde la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, a cargo del correísmo, se anunció la posibilidad de votar para recibir en comisión general, vía telemática, a Ronny Aleaga, prófugo de  la justicia e investigado en el caso Metástasis. (SC)

Fiscal Diana Salazar rechazó intención correísta

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, rechazó la intención correista y abandonó la sesión. “Fui convocada para responder preguntas sobre los casos (León de Troya y Encuentro), no me voy a prestar para el show político que busca contaminar el caso Metástasis; yo no vine acá para escuchar a un prófugo de la justicia”, señaló.

Los asambleístas oficialistas de Acción Democrática Nacional (ADN) respaldaron la decisión de la Fiscal de abandonar la Comisión de Fiscalización y también resolvieron dejar la sala.

 “Nos parece que la posición de la Fiscal fue la adecuada; de pronto (el correísmo) plantea una moción para escuchar a una persona (Aleaga) que está fuera del país, y que no se ha quedado en el país; no nos vamos a prestar para estas cosas”, dijo Ramiro Vela, ADN.

Pamela Aguirre (RC), cuestionó a los legisladores de ADN por haber abandonado la sesión, y que la dejaron sin quórum y les advirtió que estarían incumpliendo con la ley de estar presentes en las sesiones. “Esta es la segunda vez que lo hacen”, afirmó.

 El PSC y Construye se pronunciaron tras los incidentes

Después de los incidentes en la Comisión de Fiscalización, el Partido Social Cristiano (PSC) señaló que reconoce el derecho de todas las fuerzas políticas a fiscalizar, pero aclaró que “lo que jamás respaldaremos es que se intente tergiversar el ejercicio de ese derecho; hoy (ayer), coherentes con esa postura, nuestro representante en Fiscalización se opuso al manejo desatinado de la sesión en la que comparecía la Fiscal”, señaló el partido en sus redes sociales.

Mientras tanto, Construye señaló que lo ocurrido en la mesa legislativa es un adelanto del eventual juicio político. Nataly Morillo, opinó que la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, debe ser sometida a una sanción administrativa. “Es inaceptable lo que hizo hoy (ayer) durante la comparecencia de la Fiscal; pretender que un perseguido por la justicia encare a la fiscal. La Revolución Ciudadana quiso que los pájaros disparen a las escopetas”, escribió Morillo en sus redes sociales”.

Fiscal da Pamela Aguirre 48 horas de plazo

Pamela Aguirre tiene un plazo de 48 horas para informar a la Fiscalía cualquier dato que esté en su conocimiento respecto al paradero de Ronny Aleaga Santos, según un oficio que remitió la Fiscal al despacho de Aguirre este 13 de mayo de 2024.

“El hecho que se reciba a un procesado (en la Comisión) en una causa impulsada por la Fiscalía General del Estado podría comprometer el normal desarrollo de dicho proceso”, enfatizó la Fiscalía en el escrito, y recuerda que, “suministrar alojamiento o escondite a una persona que ha cometido un delito puede constituir el tipo penal del Fraude Procesal”. Ese delito está tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con prisión de uno a tres años.

Aguirre aseguró no haber convocado a Aleaga, que desconoce su paradero, y que su intención no es obstruir la justicia.

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