La presentación de las pruebas de cargo y de descargo en la Comisión de Fiscalización cumplió hoy el cuarto día. Hasta el jueves 20 de abril se espera la presencia de otros 30 comparecientes.
Iñigo Salvador Crespo, exprocurador general del Estado, aclaró que el organismo a su cargo (entre julio de 2018 a noviembre de 2022) no efectuó un control de legalidad a los contratos entre la Empresa Pública Flopec y Amazonas Tanker porque en ese momento la Contraloría ya había iniciado un examen especial a esos compromisos, además de que la polémica surgió en el gobierno del expresidente Lenin Moreno.
En medio de su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea donde, desde hace cuatro días, se sustancia con pruebas de cargo y de descargo un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, el exfuncionario añadió que su decisión se amparó en la Constitución y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que le faculta a la Procuraduría “exclusivamente” examinar el cumplimiento de los contratos después de haber sido suscritos.
Remarcó que la Procuraduría no tiene competencias para aprobar contratos que firmen las entidades públicas.
“Solo aprueba cláusulas arbitrales o de remisión a Ley extranjera de contratos internacionales”, agregó Salvador, ante un interrogatorio de Roberto Cuero (UNES).
Tampoco le corresponde a la Procuraduría autorizar o no la terminación de un contrato.
En este caso, se mencionó que tendría que ser el directorio de la empresa pública, después de un análisis financiero, legal y técnico, tomar una decisión de mantenerlos o no vigentes.
Mireya Pazmiño (expulsada del movimiento Pachakutik) y una de las acusadoras de Lasso, insistió en su tesis de que Flopec debió tomar la decisión de dar por terminado el contrato de fletes.
Pero luego, Edgar Neira, abogado del jefe de Estado expuso que la renovación del contrato entre estas empresas operó por cláusula de renovación automática. “Terminarlo antes habría sido un acto irresponsable que, ese sí, habría comprometido recursos públicos al país por alrededor de 80 millones de dólares», advirtió. (SC)
NOTA RELACIONADA