Como “indolente” califican al Gobierno, los representantes de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios del Ecuador, que exigen que sus compañeros secuestrados, desde el 8 de enero de 2024, sean liberados. Señalan que las cárceles no tiene control porque un guía penitenciario trabaja sin armas, sin tolete y hasta sin chaleco antibalas.
“¿Qué hacen cuando inicia un amotinamiento en las cárceles?”, pregunta LA HORA a un grupo de guías penitenciarios.
“Nos ponemos a buen recaudo, hasta que llegue la Policía, porque no tenemos armas, ni toletes, ni cascos, ni chalecos antibalas”, contesta Carlos Ordóñez, presidente de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios del Ecuador (Asoserpen), la cual fue creada para exigir garantías en uno de los trabajos más peligrosos de Ecuador.
Ordóñez señala que los cerca de 2.800 agentes de las cárceles exponen su vida en medio de “la indolencia estatal”. Un ejemplo de esto es que, desde el 8 de enero de 2024, 157 de sus compañeros están secuestrados en siete cárceles del país, sin que policías o militares ingresen a rescatarlos. A los guías secuestrados, se suman 18 funcionarios administrativos dedicados a labores como atención, limpieza o cocina.
Desde hace cuatro días, “no se sabe si han comido, si han tomado agua o si están heridos”, menciona Ordóñez. Tampoco hay certezas sobre si todos siguen con vida, más aún cuando los presos enviaron mensajes con supuestas ejecuciones.
Esta debacle es el resultado de las medidas dispuestas en 2021. En ese entonces, según explica Ordóñez, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) “entregó voluntariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas nuestro armamento, ¿por qué lo hicieron? Miren ahora, estas son las consecuencias”, menciona.
Una labor penosa
Diego Pozo, abogado de la Asoserpen, señaló que el 10 de enero colocaron un recurso de habeas corpus para que el Gobierno intervenga y rescate a los servidores secuestrados dentro de las cárceles.
El jurista agregó que el Ministerio de Trabajo realizó un informe en el que determinó que el trabajo de un guía penitenciario entra a la categoría de “penoso, tóxico, insalubre, peligroso y, por lo tanto, se necesita una atención urgente”.
Rebeca García, guía penitenciaria, dijo que les preocupa el anuncio de las nuevas cárceles del presidente, Daniel Noboa, pues “ni ahora nos damos abasto”, de hecho, hay situaciones en las que envían a las guías mujeres a cárceles de varones, donde los riesgos de ser abusadas sexualmente es alto. (AVV)