Pereira pide que su solicitud sea abordada con prioridad; luego, Abad tendría que volver al país. La demanda fue ingresada a la CC el 20 de diciembre de 2023, y el organismo ya la admitió a trámite.
Gabriel Pereira Gómez, el abogado oriundo de Machala, que interpuso en la Corte Constitucional (CC), una demanda de acción pública para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 27 que dispuso que la vicepresidenta Verónica Abad sea embajadora de la paz en Israel, espera que, en las próximas horas la CC le notifique que su solicitud fue admitida a trámite.
Pereira dijo que el Decreto 27, con el que se designó a la vicepresidenta para el cargo de embajadora, va en contra del artículo 144 de la Constitución.
“Esta decisión es contraria a la voluntad de los electores que votaron por el binomio; los ciudadanos no solo votaron por el presidente Daniel Noboa, sino por la vicepresidenta”, alegó.
Afirmó que, aunque la CC resuelve los casos según el orden de llegada, cree que el caso debería ser abordado con prioridad porque es un tema de actualidad y que “pone en entredicho el sistema democrático”.
Pereira espera que su solicitud no sea tramitada en la CC cuando ya haya concluido del periodo de gobierno de Daniel Noboa.
“Primera vez en la historia que un vicepresidente es enviado fuera del país cuando la sede del gobierno está en Quito, y se le asigna funciones para las que no fue elegido. Si el presidente quería designar un embajador en Israel, en la cancillería hay bastante personal calificado para ejercer ese cargo”, recomendó Pereira.
Dijo que la vicepresidenta debe cumplir funciones acordes a su perfil profesional o académico.
Puso de ejemplo que, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, su vicepresidente Alfredo Palacio se encargó del sector salud.
Este abogado, espera que la CC declare la inconstitucionalidad del decreto; luego de lo cual la vicepresidenta tendría que volver al país, y asignársele funciones dentro del marco de su investidura.
Consideró que, una eventual inconstitucionalidad del decreto también debería crear jurisprudencia para que se señale qué funciones se le puede o no encargar a un vicepresidente.
“En el Ecuador debe sentarse un precedente para que otros presidentes no utilicen argucias legales o constitucionales para hacer a un lado a su binomio”, agregó.
En la demanda que interpuso en la Corte, Pereira también pide que se declare la inconstitucionalidad del decreto 30 que dispuso al Ministerio del Trabajo la reestructuración institucional de la Vicepresidencia porque se afectan derechos laborales. El caso será analizado por el juez de la CC, Enrique Herrería.
Pereira también cuestionó la firma del decreto 90 para reformar el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 75 del 15 de junio de 2021, emitido en entonces presidente Guillermo Lasso. Con los cambios se limita seguridad de la Casa Militar Presidencial para vicepresidentes solo cuando presten funciones en Ecuador.
“Nos guste o no es la segunda mandataria y debe tener la seguridad militar o policial que le corresponde”, replicó el abogado Gabriel Pereira. (SC)
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