En sus redes sociales, Lenin Moreno afirmó que se enfrenta a una «feroz persecución y venganza».
“Que venga al Ecuador; el licenciado Lenin Moreno no va a ir a la cárcel por su condición de vulnerabilidad (tercera edad y discapacidad)”, dijo Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hoy 24 de marzo de 2023, en una entrevista en Radio Sucesos.
El domingo 5 de marzo, Adrián Rojas, juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) -como parte de las medidas cautelares dentro de la presunta trama de corrupción en el caso Sinohydro- pidió a Lenin Moreno, expresidente de la República, y a su esposa Rocío González, cumplir con una medida de presentación periódica, cada 15 días, en la secretaría de la CNJ, en Quito.
Salazar defendió que esta medida alternativa busca garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso penal.
La Fiscal relató que, el Ecuador ya tiene experiencia con prófugos de la justicia (expresidente Rafael Correa) que “por ahora se pasean por todos los países y no vienen a enfrentar a la justicia; esto es lo que tratamos de evitar con las medidas cautelares; que no huyan”, expresó.
Mi exclusiva competencia cuando fui vicepresidente fue realizar con éxito la misión Manuela Espejo.Nunca tuve responsabilidad, atribuciones ni capacidad de influir sobre los proyectos estratégicos durante el gobierno de Rafael Correa. Me enfrento a su feroz persecución y venganza pic.twitter.com/rYpzsqz5Dj
— Lenín Moreno (@Lenin) March 24, 2023
En la entrevista en Radio Sucesos, Salazar también se refirió al proceso que, como sospechoso se le sigue en el mismo caso al abogado guayaquileño Eduardo Carmigniani.
Como parte de su defensa, Carmigniani dijo tener facturas de haber cobrado honorarios, pero que se le procesa por haber recibido sobornos.
Sin embargo, la Fiscal sostuvo que no existe ninguna factura sobre ese supuesto cobro de honorarios.
Según reseñó Salazar, en su expediente existe un registro de haber sido, presuntamente beneficiario en su cuenta (bancaria) personal de 1 millón de dólares a través de una compañía off shore de fondos que provienen de la empresa Sinohydro por 76 millones de dólares entregados para la suscripción del contrato para la construcción (en la provincia del Napo) de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Adelantó que en esta indagación fiscal se tienen «elementos claros» de la presunta comisión de un delito. (SC)
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