Según el Consejo de la Judicatura, en siete años se ha registrado 487 femicidios a escala nacional. De ellos, solo el 41,8% cuenta con una sentencia.
El femicidio en el país está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 2014, con una pena privativa de 22 a 26 años de prisión.
Desde 2014 hasta agosto de 2021, 487 mujeres han sido víctimas de este delito y 652 mujeres fueron asesinadas de forma violenta.
De los 487 femicidios, solo el 41,8% (204) de casos tienen sentencia y el 9,3% (43 casos) está en fase de juicio. Los demás se encuentran en investigación previa (130), instrucción fiscal (9), o fase evaluatoria y preparatoria de juicio (24).
Estas cifras fueron reveladas en la plataforma digital femicidios.ec, presentada por la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, el 4 de agosto de 2021.
La plataforma es una herramienta que recoge datos estadísticos sobre víctimas de femicidio, victimarios y el estado actual de los procesos judiciales.
Sin embargo, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) registra casi el doble de femicidios que publica el Estado. Según su portal, de 2014 a marzo de 2021 hubo 870 mujeres víctimas de femicidio a escala nacional.
La Justicia no camina al mismo ritmo
Para Rocío Rosero Garcés, exsubsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, la escasa de judicialización de los casos de femicidios ocurre por la falta de capacidades de los operadores de justicia para discernir y completar la información que les permita administrar justicia de forma adecuada.
Es decir que los operadores de justicia deben tener la capacidad de recolectar desde el inicio información contextualizada sobre el caso, con profesionalismo, celeridad y criterios de género y protección de los derechos de la víctima, según Rosero. Pero esto no sucede en el país.
“Es como un círculo vicioso, si usted no tiene el primer eslabón, que es la pericia policial de una buena manera, la Fiscalía no cuenta con todos los elementos y el caso llega al juzgado sin el panorama completo», –dice Rosero, agregando que entonces se pisotea las posibilidades de llevar adelante un proceso justicia y el resultado va ser una injusticia.
Por ello, las organizaciones de mujeres consideran que esta herramienta digital que brinda datos estadísticos es un paso para avanzar hacia la capacitación de operadores de Justicia, la articulación entre instituciones y la creación de políticas públicas.
Pero advierten que si los datos se recolectan sin hacer una correcta interpretación del delito, la estadística va ser fallida porque los operadores judiciales van a seguir cometiendo los mismos errores: delitos de femicidios investigados como asesinatos, homicidios, suicidios, entre otros.
12 millones se necesitan para implementar la ley
Este 30 de agosto de 2021 se cumple el plazo para que la Secretaría de Derechos Humanos presente las metas e indicadores de prevención y erradicación de la violencia femenecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025.
Con estas metas e indicadores se busca implementar en todo el país la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, aprobada hace tres años, pero que hasta este 8 de agosto de 2021 no ha logrado ejecutarse en su totalidad.
Para Rocío Rosero, la implementación de la Ley mediante la Subsecretaría de Prevención de Violencia requiere al menos de $12 millones para los Servicios de Protección Integral (SPI) que operan en las 24 provincias, para el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y para el Registro Único de Víctimas (RUV), que permite la articulación entre todas las instituciones del Estado.
Actualmente, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un presupuesto anual de $9.3 millones. De esto, $631.797 son para el proyecto para la prevención de violencia de género.
El presupuesto para esta Cartera de Estado se reajusta cada año. Para el 2020 se tenía previsto una asignación presupuestaria de $11.4 millones para la Secretaría de Derechos Humanos, pero no se cumplió con el monto y se lo reajusto a $4.5 millones. Así, el Consejo de Igualdad de Género solo tuvo una asignación de $895.172, cuando sostener los SPI requiere al menos de $5 millones.
Rosero precisa que no es un aumento de presupuesto en época de pandemia y austeridad, sino que se trata de que el Estado redistribuya de mejor manera su presupuesto. Cuestiona que haya más inversión en comunicación, en fiestas patronales de cada ciudad o eventos del 8 de Marzo, que cuestan entre $60 mil a $80 mil. “Esos recursos pueden ser reasignados”.
Propuesta electoral
El 8 de marzo, cuando Guillermo Lasso apuntaba a la presidencia del Ecuador publicó un compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El compromiso está compuesto por tres ejes:
- Ecuador libre de violencia para garantizará el derecho de niñas y mujeres a la vida sin violencia. Esto lo hará tomando en cuenta los parámetros de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
- Ecuador de equidad: Propuso crear espacios para llegar a acuerdos sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Además, de educación sexual laica en los planteles educativas para prevenir e identificar casos de abuso sexual.
- Ecuador de encuentro, donde se comprometió a promover la ética laica en las políticas de derechos sexuales, reproductivos, identidad, igualdad, expresión y más.
Las 22 organizaciones que conforman la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador espera que el presidente Lasso cumpla con este acuerdo. Lo han invitado a firmar el Pacto Político y Fiscal para una vida libre de violencia para mujeres y niñas, pero todavía no han tenido respuesta del Gobierno. (MC)