A pesar de los esfuerzos del SRI, la informalidad provoca que se pierdan ingresos tributarios anuales de alrededor de $1.500 millones
De cada 10 operaciones de compra y venta de bienes y servicios, alrededor de 5 se transa en la economía informal. Esas operaciones están fuera del radar de las autoridades y no pagan ningún tipo de impuestos.
El principal de esos impuestos evadidos es el IVA. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), esta situación provoca que se pierdan alrededor de $1.500 millones anuales en ingresos tributarios.
Si esos ingresos se recaudaran, no habría hecho falta una reforma tributaria como la aprobada por el Gobierno a finales de noviembre 2021. Esa cantidad de recursos es equivalente al nivel pagos pendientes con los que cerrará el Gobierno Central este año.
En otras palabras, con ese dinero se podría cumplir con todos los compromisos atrasados con proveedores, transferencias a Gobierno Locales, e incluso con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Norma Montalvo, abogada tributaria, comentó que los esfuerzos del Servicio de Rentas Internas (SRI) han logrado reducir parte de la evasión, pero todavía hay una brecha difícil de cubrir.
“Hace 10 años, alrededor del 60% de las transacciones ocurrían en la informalidad y no pagaban ningún tipo de impuestos. En el país, a parte de las trabas para emprender y hacer empresa, también hay una arraigada cultura de eludir la ley, de no pagar”, dijo.
Cultura y tramitología
Según la Alianza para Emprendimiento e Innovación del Ecuador (AEI), toda la telaraña de tramitología le cuesta más de 600 horas a las microempresas y Pymes del País.
En promedio, la decisión de mantener operaciones en la informalidad, sin el cumplimiento de todos los requisitos de ley, representa un ahorro de entre 30% y 40% de costos innecesarios sobre las operaciones de los negocios más pequeños.
Pablo Lucio Paredes, director de la escuela de Economía de la Universidad San Francisco, ha repetido en múltiples ocasiones que todos se beneficiarían con la eliminación de al menos el 70% de la actual tramitología estatal.
En otras palabras, con menos trabas el Estado podría recaudar más impuestos, y para los emprendedores sería económicamente asequible pagarlos.
Por otro lado, en el país existe una arraigada y extendida cultura basada en la llamada “viveza criolla”, donde todo vale en el afán de no cumplir las leyes y pagar nada o lo menos posible.
Montalvo puntualizó que, como presidente electo, Guillermo Lasso habló en muchas ocasiones sobre la cantidad de empresarios y ciudadanos que tienen negocios y nivel de vida por encima de lo que declaran. Sin embargo, las medidas para enfrentar esta situación no se ven con claridad.
“El SRI no tiene personal suficiente para controlar la gran informalidad en el país, ni para sancionar a los formales que no cumplen con todas sus obligaciones. Se tendría que triplicar el número de funcionarios e invertir fuertemente en tecnología para lograrlo”, apuntó. (JS)
La facturación electrónica no despega
Uno de los mecanismos para enfrentar la evasión y facilitar la formalización es la facturación electrónica. Sin embargo, actualmente solo 146.000 de las 846.265 empresas registradas en el país utilizan esa herramienta.
A pesar de los beneficios como reducción de costos, e incluso el registro automático de ventas, el segmento que menos implementó la facturación electrónica es el de las microempresas y Pymes.
Paúl Oña, asesor contable, comentó que, de la mano de la implementación del nuevo régimen de microempresas se debe fomentar la adopción de sistemas tecnológicos para facilitar el pago y el control.
