El Gobierno deja el recorte en el tamaño del Estado para cuando haya mejores condiciones; pero repite la fórmula de pedir más aporte al sector privado.
En promedio, el sector público ecuatoriano gasta $100 millones cada día. Sin embargo, los servicios y beneficios que entrega no valen más de $60 millones. En otras palabras, se mantiene una gran ineficiencia que el Gobierno de Guillermo Lasso no ha dado muestras de querer corregir.
Pablo Lucio Paredes, director de la escuela de Economía de la Universidad San Francisco, considera que las autoridades no tienen en la cabeza, como una meta, la reducción del gasto público improductivo.
“Es importante coger la vida de una pequeña y mediana empresa con el Estado y preguntarse cuál de todas estas cosas que tengo que enviar, que tengo que firmar son realmente útiles. Le aseguro que el 70% son completamente inútiles”, dijo.
Así, el país está en un escenario en donde, mediante la reforma tributaria se le pide un aporte adicional de $1.900 millones a las pocas empresas y personas que ya pagan impuestos. Pero, por el otro lado, no se ve un real compromiso de eliminar todos los procesos y gastos que no facilitan y mejoran la vida diaria de los ecuatorianos.
De acuerdo con Lucio Paredes, Ecuador vivió durante muchos años con un gasto público de máximo el 27% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, actualmente se tiene una estructura que demanda alrededor del 37% del PIB o $37.000 millones al año.
“No hablemos de bajar 10%, pero si es factible apuntar a entre 3% a 5%. No es fácil, pero si se puede hacer”, aseguró.
En la proforma 2022, que es la primera bajo total responsabilidad del actual Gobierno, se registra un incremento del gasto corriente, incluida la burocracia. Se sigue apostando por reducir el gasto de inversión a la espera de que los capitales privados hagan las obras y proyectos que el Estado no puede financiar.
No es el momento para el ajuste
Durante la campaña hacia la presidencia de la República, Guillermo Lasso aseguró que reduciría el déficit fiscal (más gastos que ingresos) mediante dos acciones claves: duplicar la producción petrolera y reducir el gasto público improductivo.
En el primer caso, el Gobierno encontró más problemas de los que pensaba en el sector petrolero, por lo que el aumento de los ingresos demorará más tiempo.
En el segundo caso, la disminución del tamaño del Estado es un objetivo aplazado hasta que se reactive la economía
Durante una entrevista radial de FM Mundo, José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, aseguró que entrar en un proceso de reducción del gasto público en pleno momento de reactivación no es la oportunidad correcta.
En otras palabras, se considera que eliminar burocracia e instituciones ineficientes no es viable sino hasta que la economía ofrezca oportunidades laborales a los funcionarios que sean desvinculados o despedidos.
El problema de este enfoque gradualista es que pueden pasar los próximos cuatro años, o gran parte de ese tiempo, esperando las condiciones ideales para hacer el ajuste.
Además, Casillo puntualizó que el espacio de maniobra del Gobierno Central es muy reducido a la hora de buscar dónde recortar.
“El 75% del rol de pagos del sector público se va en educación, salud, seguridad y universidades. Luego tenemos otras funciones del Estado que tienen autonomía. Si vemos qué tiene el Gobierno Central para revisar, es menos del 11%”, recalcó.
Dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los compromisos es recortar el gasto improductivo en poco más del 2% del PIB hasta 2025 (sin tomar en cuenta la eliminación de subsidios a los combustibles). Ese recorte no se siente en la proforma de 2022 (JS)
¿Dónde se puede recortar?
De acuerdo con Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, existe una serie de dependencias e instituciones que pueden eliminarse o pasar a manos privadas.
Entre la lista que maneja el exdirigente gremial están la Empresa Nacional de Almacenamiento, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Fabrec, Medios Públicos, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), empresas eléctricas públicas, Petroecuador (más de 11.000 empleados), CNT (más de 7.000 funcionarios), Flopec, entre otras.
Por su parte, Hanns Soledispa, docente universitario y director de Exponential, ha calculado que solo con la eliminación de 16 dependencias se podría ahorrar al menos $350 millones anuales. Entre esas dependencias están el Instituto de Economía Popular, Consejo de Información, Superintendencia de Uso de Suelo, Consejo de Competencias, Consejo de Pueblos, Junta del Artesano, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El Gobierno Central recibe ingresos por 32% del PIB al año ($32.000 millones al año), pero gasta al menos 37% del PIB ($37.000 millones al año)