Falta de pruebas y recomendaciones imprecisas son algunos de los errores que se evidencian en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales.
Faltas de ortografía, error en sintaxis y desconocimiento de normas como la Constitución y el Código Integral Penal (COIP) configuran puntos débiles en el informe sobre los ‘Pandora Papers‘ entregado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea.
Ese informe de mayoría se aprobó con 6 votos a favor (PK y UNES), dos en contra (oficialismo) y una abstención de Sofía Sánchez de Pachakutik.
El documento, que concluye en que el Presidente Guillermo Lasso incumplió la Ley del Pacto Ético de 2017, que prohíbe a candidatos presidenciales y funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscales, no solo tiene errores de forma sino también fallas significativas de fondo.
Falta de pruebas
El principal desacierto que presenta el documento de más de 200 hojas tiene que ver con las conclusiones. Para el abogado constitucionalista André Benavides, “no se hace referencia a hechos comprobados que puedan generar responsabilidad política, administrativa o penal en contra del Presidente de la República”.
Es decir, la información de ese documento se basa en antecedentes de hecho, en pruebas presentadas por el mismo Presidente y notas de prensa que son de conocimiento público, pero no en una investigación profunda con pruebas contundentes.
Recomendaciones imprecisas
La principal conclusión que establece este informe es que el caso ‘Pandora Papers‘ generaría “(…) grave crisis política, conmoción e inobservancia interna del mandado popular sobre paraísos fiscales”, por lo cual se estaría configurando la causal del Art. 130 numeral 2 de la constitución y, como consecuencia, la destitución del presidente.
Sin embargo, desde el punto de vista de Benavides, el tema de ‘Pandora Papers‘ no encaja en esta causal debido a que existe un dictamen de la Corte Constitucional que indica cuál es el alcance de la grave conmoción social. “La Corte dice que esto se determina cuando existen hechos reales que pueden generar afectación a la seguridad del país, a la institucionalidad y a la convivencia ciudadana. Los papeles de Pandora simplemente no entran en esta causal”, indica Benavides.
El Presidente no tiene obligación de comparecer en la Asamblea
Además, bajo este elemento, la Comisión de Garantías Constitucionales recomienda que, en un plazo de 8 días, el Presidente comparezca frente al Pleno de la Asamblea para rendir versiones y entregar información solicitada.
No obstante, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los únicos motivos por los cuales el Presidente tiene que comparecer obligatoriamente en el Pleno de la Asamblea Nacional es para presentar su informe anual de labores y en caso de que hubiera un juicio político en su contra. Por lo tanto, el Presidente no tiene la obligación de asistir porque no hay, de por medio, una consecuencia jurídica.
Con esto coincide el analista político, Mauro Andino, quien señala en su cuenta de twitter que “en estricto derecho, el Presidente Lasso podría negarse -otra vez- a comparecer a la Asamblea, sin que esto le signifique alguna consecuencia jurídica, más allá del descrédito ante el Parlamento y la ciudadanía que tendrían serias dudas sobre las razones de su evasiva”.
En definitiva, el informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales deja entrever que una de sus intenciones “radica en impulsar la destitución del Presidente”, a través de una posible muerte cruzada; no obstante, según las conclusiones y recomendaciones del informe presentado, no existirían los suficientes argumentos y pruebas para incurrir a este hecho que, según el comunicado oficial del Ministerio de Gobierno publicado el 6 de noviembre, “sería una conspiración para desestabilizar al sistema”.
Más pruebas
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, comunicó que el miércoles 10 de noviembre entregará más información sobre el tema, producto de una serie de investigaciones realizadas por él, en la que se vincula a los papeles de Pandora a más actores del país.
Llamado de la Presidenta Llori para conocer los resultados del informe
Hasta el momento se conoce que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a través del sistema Zimbra, notificó a los 137 asambleístas con el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales para su conocimiento. Este proceso se realiza previo a que se convoque a sesión en la que se debe analizar el documento y aprobarlo o desecharlo. (MFU)
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