La fiscalía estadounidense emitió la orden por lavado de dinero. El ex asesor del Isspol utilizó a 20 empresas de Florida y se habría beneficiado de unos $65 millones. Mientras, la Asamblea Nacional señala que el caso ya pasó de lo penal, de lo político a lo administrativo, y ahora la Contraloría debería revisar el proceso.
Las fiscalías de Estados Unidos y de Ecuador emitieron una orden de captura contra Jorge Chérrez, que se presume se encuentra en México, por su presunta participación en la trama de sobornos y lavado de dinero que involucra al fondo de pensiones de la Policía Nacional.
La denuncia contra Chérrez, precisamente, es por lavado de dinero para comprar sobornos, donde utilizó a 20 empresas de Florida (EE.UU.).
La cantidad total de los sobornos ascendería a 2,6 millones de dólares, de los cuáles 1,3 millones fueron para John Luzuriaga, quien fue detenido el 26 de febrero en Florida.
Ambos están involucrados en los canjes de bonos realizados por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), en la operación ‘swap’, que consistió en la inversión de $327,3 millones de bonos de deuda interna que se canjearon por notas globales de depósito. En ese intercambio participó Nats Cumco LLC, filial de Citibank, con un contrato firmado por Ecuador High Yield Bond Fund.
¿Cómo era el ‘negocio’?
De acuerdo a las denuncias penales, entre los años 2014 y 2020, el consultor de inversiones Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Isspol, entre ellos a Luzuriaga, director de Riesgos del Isspol y miembro del Comité de Inversiones de dicha entidad, a quien entregó en total 1’397.066 millones de dólares.
El objetivo era obtener fondos de los negocios de inversión del Isspol y en cuyo comité de inversión Luzuriaga tuvo «influencia» en las decisiones. Las denuncias alegan que Chérrez obtuvo unos 65 millones de dólares en ganancias como resultado de la trama.
El asesor financiero recibía pagos del negocio de inversión Isspol en una cuenta bancaria en Estados Unidos, utilizaba compañías y cuentas con sede en Florida para pagar sobornos y, según la acusación, «tomó acciones para promover el plan de sobornos mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida».
Con el fin de lavar el dinero ilegal y poner en funcionamiento la trama de soborno, Chérrez y Luzuriaga se valieron de compañías y cuentas bancarias con sede en Florida, incluidas numerosas compañías de fondos de inversión en EE.UU. en las que Chérrez aparecía como funcionario o director.
Según las autoridades federales, Annika Miranda, fiscal federal adjunta del Distrito Sur de Florida, es la responsable del decomiso de activos relacionados a este caso.
Desde el Legislativo
Para el asambleísta Fabricio Villamar, el caso del Isspol ya pasó a ser un delito transnacional, pero existe una nueva variable dentro del territorio nacional. En el Ecuador la investigación continúa por dos líneas, una de orden penal en la Fiscalía y otra de orden político en la Asamblea Nacional.
“Pero hay un elemento adicional que valdría la pena considerar, porque también puede haber responsabilidades administrativas y eso tiene que estudiarlo la Contraloría Nacional. Ahí pueden existir casos de haber infringido las normas internas. Porque lo que decía la Ley del Isspol es que las inversiones que se realicen tienen que ser lo más líquidas, lo más seguras, lo más rápidamente realizables de manera que se pueda conservar el patrimonio de los policías”, comentó el asambleísta.