El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) es un espacio de arbitraje. Ecuador se retiró en 2009 por decisión de Rafael Correa.
La embajadora de Ecuador en EE.UU, Ivonne Baki, firmó este 21 de junio de 2021 la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Dicha convención es un espacio para la resolución de conflictos o arbitraje a nivel internacional.
Tras la firma, Ecuador se convierte en el estado No 164 en es parte de la iniciativa, pero todo debe ser ratificado por la Asamblea Nacional.
El Gobierno de Guillermo Lasso busca dar seguridad jurídica a las inversiones y establecer mecanismo claros para resolver disputas y exigir el cumplimiento de contratos.
“Damos la bienvenida a la firma de Ecuador del Convenio del Ciadi. La firma de hoy confirma el compromiso del país de fortalecer su clima de inversión“, dijo Meg Kinnear, secretaria general del Ciadi”.
#Ecuador firmó hoy el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, convirtiéndose en el signatario 164 del Convenio del #CIADI https://t.co/McGBkwajDO
— ICSID (@icsid) June 21, 2021
Por su parte, David Malpass, presidente del Grupo del Banco Mundial y presidente del Consejo Administrativo del Ciadi, recalcó que “resolver las quejas con los inversionistas extranjeros de manera eficiente y justa es fundamental para cultivar un entorno empresarial competitivo”.
Ecuador ratificó originalmente la convención el 14 de febrero de 1986. Sin embargo, 6 de julio de 2009, el Grupo del Banco Mundial (GBM) recibió la notificación de que el país decidía denunciar y retirarse de la iniciativa. La salida se hizo efectiva el 7 de enero de 2010.
El argumento ecuatoriano se fundamentó en que la constitución establecía una prohibición expresa de “no celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales”.
Para la fecha de la denuncia, Ecuador ya había recibido una serie de demandas en contra por parte de petroleras, como Oxy, Burlington y Perenco, que se sintieron afectadas por el cambio de reglas a sus contratos. El país ha pagado más de $1.000 millones, y están pendientes $412 millones. (JS)