En el último año bajamos un puesto y nos ubicamos 58, entre 77 lugares en donde se desarrolla la actividad a nivel mundial.
Según la última Encuesta Anual de Empresas Mineras, elaborada por el Instituto Fraser en Canadá, Ecuador pierde terreno como destino atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería.
Entre 77 lugares analizados en todo el mundo, el país pasó del puesto 57 al 58, entre 2019 y 2020.
Los principales aspectos que se toman en cuenta para el ranking son el atractivo geológico y las políticas gubernamentales.
En el primer tema, Ecuador tiene un potencial incuestionable y todavía no explotado, como la mina Cascabel (oro y cobre), en Imbabura; pero el poco control de las actividades ilegales ensombrece todas las proyecciones.
Sin embargo, la peor calificación está basada en la creciente percepción que, incluso con concesiones legales y contratos firmados, cada vez es más alta la posibilidad de que se pierda todo el dinero invertido a través de la prohibición de la actividad con consultas populares o interpretaciones de la normativa vigente.
El dato.- Colombia y Chile son los países mejor posicionados en América Latina, con los puestos 28 y 30, respectivamente.
Así, en cuestiones de reglas claras, respeto a contratos, leyes y políticas públicas efectivas, Ecuador se ubica en el puesto 67, entre 77. En comparación a 2019, caímos cinco casillas desde la ubicación 62.
Consulta popular
Un factor importante para ese retroceso, de acuerdo con Pablo Mera, ingeniero en minas, es el reciente triunfo, con un 80% de votos a favor, de la consulta antiminera en Cuenca.
En ese plebiscito, impulsado por el Concejo Cantonal y aprobado por la Corte Constitucional, se preguntó si la ciudadanía estaba de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica, a mediana y gran escala, en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
Andrés Ycaza, vocero de la Cámara de Minería, ha puntualizado que las autoridades de Cuenca, al igual que el próximo Presidente, tendrán que viabilizar el desarrollo de los proyectos ya concesionados y en marcha antes de la consulta.
En esa situación está, por ejemplo, Loma Larga, cuya mina podría entrar en operación en 2023, siempre y cuando se otorguen todos los permisos y las licencias ambientales que se encuentran en trámite desde el año pasado. (JS)