Juan Pablo Ortiz espera que los asambleístas voten en base a la verdad procesal que consta en el expediente del juicio, y acorde al dictamen de la Corte Constitucional.
Después de cinco días de comparecencias a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional donde se sustancia el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de presunto peculado, la defensa técnica del mandatario prepara los alegatos finales que serán presentados este miércoles.
Ocurrirá a menos de 24 horas para que se cumpla el plazo de diez días, como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), para que las partes procesales presenten en esta mesa legislativa las pruebas de cargo y de descargo.
Los argumentos de defensa serán preparados por un equipo legal liderado Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la presidencia de la República, y Edgar Neira, abogado de Lasso, quien se encargará de presentar las pruebas en la Comisión.
“Será un alegato técnico-jurídico de acuerdo a la estrategia que nos hemos planteado con el Presidente”, explicó Ortiz.
Los ejes con los fundamentos de defensa que presentarán este miércoles se sintetizará en lo que ha ocurrido desde el 18 de abril, cuando iniciaron las comparecencias.
También girará en torno a las afirmaciones de los testigos y elementos probatorios en base, por ejemplo, a la comparecencia del Oswaldo Rosero y Christian Panchi (exgerentes de Flopec) quienes afirmaron que Jhonny Estupiñán (exgerente de Flopec) dejó la gerencia de la empresa, no por denunciar presuntas irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker, sino porque no presentó los balances financieros que fueron requeridos por el directorio en tres ocasiones.
Ortiz aseguró que, el presidente Lasso no acudiría este miércoles la Comisión. como estaba previsto en un cronograma inicial.
“No obstante, continuamente estamos hablando y se podrá definir la conveniencia (de asistir), pero en principio el mandatario comparecerá solo al pleno de la Asamblea si es que llegamos a ese momento”, aclaró el secretario jurídico.
Ortiz afirmó que en estos días, la defensa del presidente ha demostrado la inexistencia de la presunta infracción, y la contradicción en las declaraciones de Mireya Pazmiño, una de las acusadoras (expulsada del movimiento Pachakutik) en torno a que la administración de Flopec habría generado al país un perjuicio económico de $6,1 millones.
En una carta del 9 de febrero de 2022, Pazmiño también se habría declarado preocupada acerca del manejo de Flopec por parte de Jhonny Estupiñán, afirmó Ortiz.
El funcionario espera que una vez presentados los alegatos, los asambleístas voten en base a la verdad procesal que consta en el expediente del juicio, y acorde al dictamen emitido por la Corte Constitucional (CC).
Después del 27 de abril, empezarán a correr otros diez días (hasta el 7 de mayo) para que la presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (CREO) redacte el informe para ponerlo a consideración de la Mesa, como lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa (SC)