Los legisladores de mayoría buscan llevar el documento a la justicia de Estados Unidos, Colombia, Panamá y Venezuela.
Para ellos todo es parte de una persecución política. Los legisladores del correísmo Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova rechazaron el informe de mayoría de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre el caso Sucre-Foglocons. Ahí se hacen señalamientos de un supuesto esquema de corrupción que aprovechó al Sistema Sucre para lavar activos.
Lo que dice el informe de mayoría
La conclusión a la que llega la Comisión, presidida por Fernando Villavicencio, es que esto “habría permitido que el expresidente de la República Rafael Correa instrumentara y reglamentara a través del decreto ejecutivo 395, toda la operatividad con la que funcionaría el Sistema Sucre, el mismo que aparentemente serviría de escenario para una trama delictiva”.
En el informe se señala que, la Comisión logró identificar las referencias puntuales de las instituciones públicas del país que establecieron que, la mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el Sistema Sucre eran “ficticias y sobrevaloradas” y que “sin la existencia de una estructura criminal jerárquicamente organizada y con roles definidos no podían consumarse” las supuestas infracciones.
La oficialista Ana Belén Cordero, quien apoyó ese documento, aseguró que enviarán copias a las fiscalías de Estados Unidos, Colombia, Panamá y Venezuela, donde se investigan casos relacionados con Álex Saab, quien es señalado como testaferro del chavismo y Álvaro Pulido, buscado por la justicia norteamericana.
El caso investiga un supuesto lavado de dinero entre empresas de la región, por la venta de planchas metálicas de construcción que salían de Ecuador a un costo estimado de $200.000 dólares, mientras que la empresa venezolana que se encargaba del pago presentó registros por $4.159,9 millones. Para eso se utilizó el sistema Sucre, que entonces funcionaba en la región. En 72 horas el dinero de la transacción fue a parar a paraísos fiscales.
Villavicencio llevó el informe a la Fiscalía
El documento de 125 páginas fue aprobado el lunes 13 de diciembre de 2021 por cinco legisladores en la mesa legislativa, Él llevó el informe a la Fiscalía debido a que considera que existen elementos que deben ser investigados por la Justicia ecuatoriana por el posible cometimiento de: enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria y lavado de activos.
¿Quiénes se oponen al informe?
Pese a esto, los legisladores del correísmo insisten en que todo es una “jugada política”. Por eso elaboraron un informe de minoría en el que citaron un resumen de la Fiscalía sobre el caso Foglocons en 2014. Ese año una jueza declaró la nulidad del caso que se seguía contra la empresa. Además, los asambleístas indican que el sistema Sucre no se creó para lavar dinero.
Roberto Emilio Cuero Medina fue electo por el distrito 1 de Guayas por la lista UNES. Él fue acusado de presunto enriquecimiento ilícito en 2012 en el caso conocido como Comisarías. Dos años después, la Fiscalía del Guayas dispuso el archivo de la investigación. La decisión fue aceptada por la Corte Provincial de Justicia.
Cuero había sido señalado de adquirir una casa en la playa de manera irregular, pero salió sobreseído cuando demostró que lo hizo por medio de un préstamo hipotecario. Esto le costó su cargo como Gobernador del Guayas.
El hoy asambleísta considera que el informe de mayoría sobre Sucre-Foglocons se creó con un “sesgo”. Rechazó un extracto del documento en el que se indica que, presuntamente, dinero lavado del Sucre se usó en 2013 en la campaña electoral de Correa y Jorge Glas. “Es la misma trama que el cuaderno de Pamela Martínez (caso Sobornos), en el cual escribió valores monetarios, hasta con centavos en el tiempo que dura un vuelo Quito-Guayaquil”.
Comps Pascacio Córdova Díaz (UNES) ganó un escaño por Sucumbíos. Es Comunicador Social de profesión y este es el primer cargo público que cumple tras ganar una elección. Conversó con LA HORA e indicó que no apoyó el informe de mayoría porque se trataba de “usar a la comisión” para “falsear la verdad”.
María Gabriela Molina Menéndez, asambleísta correísta por el distrito 2 de Manabí. Su nombre apareció en el listado de los legisladores que tenían informes de Contraloría. En su caso, la revisión del órgano de control se dio cuando trabajaba como directora distrital de Portoviejo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
En la glosa DNPR-05385-80 se examinó los procesos de licitud, calificación y entrega de recursos” para operar bonos concedidos luego del terremoto del 16 de abril del 2016. La entidad estableció un monto de $898.655 como responsabilidad individual.
En una carta, la asambleísta respondió a estas observaciones. Dijo que esta predeterminación de responsabilidades no estaba relacionada a ninguna contratación de obras o servicios sino a aspectos administrativos.