Jueces de la Corte Nacional de Justicia consideran las pruebas de descargo para dictar sentencia.
Luego de 45 días de audiencia de juicio, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, Adrián Rojas, y Mauricio Espinoza, pusieron fin a la etapa de alegatos de la Fiscal General del Estado (FGE), Diana Salazar, y de los abogados de los once procesados en la presunta trama de corrupción “Las Torres”.
Salazar solicitó la pena de trece años y cuatro meses de prisión para el excontralor subrogante, Pablo Celi; y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, por el presunto delito de delincuencia organizada. Para la exasesora de la gerencia de Petroecuador, Natalia Cárdenas, y el exgerente de Refinación de la estatal petrolera, Daniel Orellana., Fiscalía solicitó nueve años y cuatro meses de privación de libertad.
????#SalaPenal Dr. Walter Macías (ponente), Dr. Adrián Rojas y Dr. Mauricio Espinosa reinstalan audiencia de juzgamiento en contra de Pablo C. y otros, proceso No. 17721-2021-00019G, por el presunto delito de delincuencia organizada. Continúan los alegatos de conclusión. pic.twitter.com/LkIZd2BMqe
— Corte Nacional (@CorteNacional) December 8, 2022
En el cierre de la audiencia, la noche de este jueves 8 de noviembre de 2022, Pablo Celi ejerció su recurso de “última palabra” y pidió al Tribunal actuar con deontología de independencia, apego a la verdad procesal, protegiendo la seguridad jurídica, y declarar su inocencia y condición de víctima por falta de pruebas.
Comentó que lo único que, en el juicio se probó, es una «confabulación y montaje penal fraudulento» ejercida por la Fiscal con una acusación sin pruebas donde no concurre ningún elemento de tipo penal, y jurídicamente insostenible.
Celi calificó a la teoría del caso de la Fiscalía como «errática» porque se parte del “absurdo” de un acuerdo tácito entre desconocidos, donde no hay estructura, ni comisión de delitos, ni beneficios económicos probados de ningún tipo; y afirmó que se trata de una «construcción malévola» que pretende vincular actos administrativos legítimos. Pero insistió que mientras ejerció como contralor no firmó, ni dispuso el desvanecimiento de glosas.
Agregó que el proceso no contó con fundamentos de hecho, ni de derecho, ni investigación, sino de un uso doloso de una asistencia penal Internacional, y peritajes del entorno policial próximo a la Fiscal, y testimonios de condena, no con testigos protegidos, sino con «hampones encubiertos a quienes la fiscalía garantiza impunidad», afirmó Pablo Celi.
A criterio del excontralor, la sociedad y el pueblo ecuatoriano no están representado «en la actuación de una fiscal farsante que hace uso corrupto del cargo para perseguir sus intereses políticos», indicó.
LAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA
El pedido de la Fiscal se fundamentó en la evacuación de 55 pruebas entre testimonios, pericias documentales que, según dijo, probaron la existencia del delito de delincuencia organizada, con la participación de algunos funcionarios públicos de alto nivel de la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, junto con otras personas.
La teoría de Fiscalía señala que los procesados se plantearon el objetivo de beneficiarse de recursos económicos a partir del pago de la factura N° 307 que la estatal Petroecuador debía a la empresa Nolimit, a cambio de recibir un porcentaje del monto pagado. Los integrantes de esta estructura usaron el sistema financiero internacional para realizar sus transacciones económicas ilícitas.
La fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, se refirió a la gran importancia del caso #LasTorres en la historia política y judicial del #Ecuador, cuya investigación incluyó cooperación internacional con #EUA. ⬇️ pic.twitter.com/mPtkqFw0wr
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 8, 2022
La prueba presentada incluyó –entre otras– la materialización de chats, correos electrónicos y el intercambio de mensajes de varios de los procesados, en los que se establecieron las acciones de los colaboradores «de la organización criminal» en favor de Pablo Celi. y Pablo Flores
Para Luis Augusto, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Andrés L., Silvia L. y Ángelo R. se solicitó la pena de siete años de prisión. Fiscalía pidió esta condena de acuerdo al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), primero y segundo inciso, respectivamente (líderes y colaboradores), junto con las circunstancias agravantes previstas en el mismo cuerpo legal.
Por otro lado, en virtud de su cooperación eficaz, Fiscalía solicitó la pena reducida de seis meses para la procesada Martha Berrezueta, esposa de Roberto Barrera, uno de los sentenciados por presuntamente recibir sobornos de contratistas de Petroecuador. (SC)
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