Carrillo, Jiménez, y Salinas pidieron nueva fecha para comparecer a Comisión Legislativa

Patricio Carrillo, ministro del Interior

La bancada de la Unión por la Esperanza  y  el Movimiento Pachakutik,  impulsan un juicio político en contra de Carrillo tras las manifestaciones de junio.

Para hoy,  1 de agosto de 2022, estaba previsto que los ministros del Interior, de Gobierno, y el comandante general de la Policía Nacional; Patricio Carrillo, Francisco Jiménez, y  Fausto Salinas, respectivamente, acudan a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, en el marco de las investigaciones que desarrolla esta Mesa tras el paro nacional de junio.

Sin  embargo,  ninguno de ellos asistió, y en tres oficios  -por separado- argumentaron ante esta instancia legislativa que tenían actividades en agenda por lo  que se les dificulta asistir al llamado, y solicitaron que se les asigne una nueva fecha  y hora para presentar sus pruebas de descargos. 

La bancada de la Unión por la Esperanza (UNES),  y sus aliados agrupados en el ala rebelde del Movimiento Pachakutik (PK), impulsan un juicio político en contra de Carrillo tras las manifestaciones indígenas.

Durante una entrevista en radio Centro,  el ministro del Interior, destacó el rol que desempeñó la Policía  durante las movilizaciones que se desarrollaron en el país del 13 al 30 de junio. Mencionó que la actuación de los uniformados fue «absolutamente prudente»,  pues están  formados en derechos humanos, tutela y protección de libertades para los ciudadanos.

Indicó que en las últimas protestas la Policía estuvo más preparada que en octubre de 2019, y en junio de 2022 ejecutó una estrategia con la que se aplicó de manera oportuna el uso legítimo de la fuerza. Incluso destacó que el Gobierno en la primera semana no activó a los militares ni tampoco decretó estado de excepción, esto vino una vez que subió el nivel de agresión por parte de los manifestantes.

Sobre el juicio político que se impulsa en la Asamblea,  el secretario  refirió que el mensaje es a la institucionalidad de la Policía,  pues “lo que se busca es paralizar a las instituciones y esto lleva a que se deterioren, en términos de democracia, las libertades y los derechos de los ciudadanos”.

Señaló que la Policía en los últimos años ha tenido que hacer frente a varios conflictos, como el terremoto; el “atraco” a los fondos públicos del Isspol; sin embargo, en este tema indicó que el presidente de la República lidera un proceso para recuperar el dinero; y dos graves manifestaciones de octubre de 2019 y 2022.  “Todos estos mecanismos minan la moral y paralizan la institucionalidad y esto sirve para intereses que están alrededor del crimen organizado y de estos mercados ilegales que muchas veces terminan financiando las movilizaciones”, dijo.

Proyecto de Uso Legítimo de la Fuerza

Respecto a la objeción parcial sobre el Uso Legítimo de la Fuerza,  Carrillo indicó que el jefe de Estado presentó 21 observaciones, entre ellas, la rendición de cuentas que ya consta en otra norma y la utilización de canes. “Sin la presencia de canes para detectar de droga en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos se crearía una limitación para el Estado ecuatoriano, habría más debilidad y fragmentación, eso limita las libertades e intereses de los ciudadanos”, comentó. (SC)