Correísmo bloquea norma para que funcionarios respondan por perjuicios al Estado

El proyecto de ley solo obtuvo 4 votos en la Comisión de Justicia.

El bloque de Unes no dio sus votos para aprobar el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Repetición, propuesto por la Procuraduría.

Este 17 de febrero de 2022, la Comisión de Justicia negó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Repetición, que tiene como objetivo que los servidores públicos paguen con sus patrimonios personales los daños causados por acción u omisión en el ejercicio de sus cargos y, cuyas consecuencias, obliguen reparación material por parte del Estado.

Se aplica para funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles involucrados en actos o delitos que causen perjuicios económicos.

Con 5 votos en contra por parte de la bancada correísta (Unes), la abstención del asambleísta Ricardo Vanegas (PK) y 4 fotos a favor de la Izquierda Democrática, se negó la propuesta, que debía ir al Pleno de la Asamblea.

Para la asambleísta Johanna Moreira (ID) fue inconsecuente que la Comisión de Justicia no dé paso a debatir este proyecto presentado por la Procuraduría. Para José Chimbo (PK) esta era una oportunidad de trabajar una ley que “transparente los actos de corrupción y (permita) recuperar los recursos públicos”.

Por otro lado, Fausto Jarrín del movimiento Unión por la Esperanza (Unes) defendió su voto en contra acusando de inconstitucional al proyecto de ley. Idea que fue secundada por Vanegas (PK). (GVL)

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Empresas públicas tienen más de 29.000 funcionarios en nómina

Petroecuador tiene casi 10.000 empleados en su estructura.

El gasto supera los $800 millones anuales. El recorte de personal, desde 2019, llega al 12%. Las entidades en liquidación tienen 469 personas.

En 13 empresas públicas activas y 5 en liquidación, la nómina totalizó 29.165 funcionarios con corte al 14 de enero 2022. En 2019, antes de la llegada de la pandemia, esa nómina llegaba a 33.507 personas.

En otras palabras, el recorte es de alrededor de 4.342 burócratas, o el 13%, en los últimos 3 años. El gasto en sueldos por este concepto superó los $814 millones durante 2021; pero una parte de ese valor está relacionado con las indemnizaciones por despidos o desvinculaciones, sobre todo el empresas en proceso de liquidarse.

Esos procesos han ido a un ritmo más lento del que se proyectaba en mayo 2020, cuando el ex presidente Lenín Moreno emitió varios decretos ordenando el cierre de las entidades más ineficientes y con más pérdidas acumuladas.

En esas entidades apenas se ha podido cubrir $4,9 millones de los más de $400 millones en deudas y otros pasivos. La nómina, en algunos casos, sigue siendo alta porque los recursos son escasos para ir cerrando todas las obligaciones pendientes.

Petroecuador y CNT tienen las nóminas más grandes

Entre las 13 empresas públicas activas, Petroecuador mantiene la nómina más grande. En total, la petrolera estatal tiene 9.780 funcionarios. El 99% de ese monto son contratos con nombramiento permanente, donde las vinculaciones más antiguas datan de 1978.

Desde el 1 de enero de 2021, la nueva empresa fusionada (entre Petroecuador y Petroamazonas) empezó a operar. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado el estudio técnico ofrecido para establecer el tamaño óptimo de la entidad.

Tampoco se cumplió con el supuesto mecanismo despolitizado para escoger a los directores y gerentes de área. El presidente Guillermo Lasso dispuso, dentro de la política petrolera emitida en julio de 2021, que una consultora independiente seleccionará a los mejores perfiles para esos puestos. Pero, a finales del año pasado, a través de decreto ejecutivo, se dio marcha atrás a esa disposición.

En segundo lugar, por el tamaño de la nómina, está la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Esta empresa, que se ha visto involucrada en escándalos por cobros injustificados, hackeo y hasta la mala calidad del servicio, tiene 7.166 funcionarios.

El 77% de los contratos son indefinidos y permanentes; los más antiguos datan de 1984. La venta de esta empresa, aunque se anunció varias veces en el anterior Gobierno de Lenín Moreno, está descartada a mediano plazo.

En tercer lugar, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) mantiene 6.066 empleados. De ese total, 5.324 tiene contratos permanentes o indefinidos, donde las vinculaciones más antiguas son 1974.

Esta entidad está involucrada en el último escándalo de cobros excesivos en las planillas durante 2021; además acumula varios informes de Contraloría sobre obras inconclusas, mal ejecutadas o con sobreprecio.

En cuarto lugar, se encuentra la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), con una nómina de 4.032 personas. De ese total, el 83% tiene contratos permanentes o indefinidos.

Otras empresas como Flopec, la estatal de Agua Potable (EPA), o los Astilleros Navales, tiene más de 300, pero menos de 500 empleados cada una.

469 personas están todavía en nómina de las empresas en liquidación

Los procesos de liquidación son, en muchos casos, engorrosos y poco claros. A la fecha, en cinco empresas en trámite de cierre, todavía existen 469 funcionarios en nómina.

Tame, que fue la línea aérea del Ecuador por varias décadas, tiene 105 personas en su listado. Esta entidad tiene problemas para vender los pocos activos que tiene disponible; y el dinero para las liquidaciones escasea.

Por otro lado, aunque ya inició operaciones la nueva entidad bajo el nombre de Servicios Postales, en la nómina de Correos del Ecuador todavía están 177 funcionarios. Diario LA HORA ha consultado al ministerio de Telecomunicaciones como avanza el proceso de cierre, pero no se ha podido obtener respuesta.

En el caso de Ferrocarriles del Ecuador, cuyos activos recientemente pasaron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la lista de empleados llega a 77. Se anuncia que se buscará que todo pase a manos privadas en 2022, pero todavía no hay claridad de cómo se logrará ese objetivo.

Asimismo, la ex empresa de Medios Públicos también mantiene en nómina a 58 personas; pero todavía persisten retrasos en el pago de liquidaciones y otras deudas que se mantienen con proveedores.

Finalmente, en la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) se tiene a 52 funcionarios en el listado de empleados. En los últimos meses sectores como el arrocero, o incluso organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), han pedido que se rehabilite esta empresa para ayudar a los productores agrícolas afectados por los bajos precios. (JS)

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Cruz Roja designó nuevo directorio en Loja

JUNTA. La Cruz Roja conformó la Junta Provincial de Loja hace 64 años.

En el auditorio de la Cruz Roja se llevó a cabo una rueda de prensa donde se informó sobre las actividades que impulsa esta entidad, además de dar a conocer al nuevo directorio provincial.

Roque Soria Vasco, presidente Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, manifestó que ser miembro de esta institución es motivo de orgullo, ya que fortalece la autoestima de los funcionarios que la conforman. Considera que las personas voluntarias de la Cruz Roja dedican tiempo y espacio en función de precautelar y dignificar la vida en cualquier condición y circunstancia, con el propósito de disminuir el sufrimiento humano. “A través de los cuatro programas que tienen la Cruz Roja: Gestión de Riesgos, Salud Comunitaria, Juventud y Principios y Valores, damos lo mejor de nosotros sin esperar recompensa, algo que me parece hermoso del voluntariado”, aseguró.

El nuevo directorio está conformado por: Ruth León Cevallos, presidenta del Directorio Provisional de la Junta Provincial de Loja de la Cruz Roja Ecuatoriana; Regina Córdova, vocal principal; Lucía Martínez, vocal principal; y, Cristian Astudillo, delegado del Directorio Nacional al Directorio Provincial Provisional. A decir de Roque Soria, los funcionarios designados deben trabajar acogiéndose a los siete principios establecidos por la institución: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

Según Soria Vasco, la Cruz Roja no está en desequilibrio, y que los procesos para la elección de autoridades se realizan conforme a lo establecido, por lo que citó el artículo 33 del estatuto de la Cruz Roja Ecuatoriana que fue aprobado el 30 de mayo del 2016, donde se hace mención a que “los miembros de los órganos de gobiernos nacionales, provinciales y cantonales de la Cruz Roja Ecuatoriana, durarán en sus funciones cuatro años y que podrán ser reelectos a cualquier cargo hasta por un periodo consecutivo más”. Aseveró que para nombrar el directorio en Loja analizaron algunos perfiles, tomando en consideración su aporte social y conocimiento.

 

EL DATO

La Cruz Roja tiene presencia en Ecuador desde hace 111 años.

¿Quiénes deben presentar el certificado de vacunación?

Puedes escanear el código QR y guardar el link o hacer una captura de pantalla.

Las dudas sobre si todos los usuarios que acuden a instituciones públicas deben presentar este documento se hicieron frecuentes en redes. 

A través de una resolución emitida el 30 de noviembre de 2021, se detallan las medidas que Ecuador ha tomado como prevención frente a la variante Ómicron.

Se detalla que a partir del 2 de diciembre de 2021, todos los funcionarios públicos deberán presentar su certificado de vacunación con esquema completo, para ingresar a instituciones públicas. Para quienes no tengan las vacunas, deberán acogerse a la modalidad de teletrabajo.

La confusión ciudadana llega, pues en algunos lugares también se les ha solicitado a los usuarios tener este documento para ingresar a instituciones públicas.

Solo aplica para funcionarios públicos

LA HORA consultó la medida al departamento de comunicación del Ministerio de Salud. Desde ahí se reiteró que el certificado de vacunación se solicita de manera obligatoria únicamente a los trabajadores y no a los usuarios, quienes no pueden ser impedidos de hacer trámites por no presentar documentos.

El sector privado puede hacerlo

Los establecimientos privados sí pueden solicitar el certificado de vacunación para permitir el ingreso a sus usuarios. Es decir, que los dueños de restaurantes, centros comerciales o instituciones que no sean públicas pueden tener este derechos de admisión. (AVV)

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Canadá sanciona a 11 funcionarios cercanos a Daniel Ortega

La reelección de Daniel Ortega como presidente es considerada fraudulenta por muchos países.

Estas medidas se suman a las anunciadas por Reino Unido y Estados Unidos; este último país incluso prohibió la entrada de Ortega a su territorio.

MANAGUA.  El Gobierno de Canadá anunció la aplicación de sanciones en contra de 11 altos funcionarios cercanos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Estas medidas se suman a las que han sido anunciadas por Estados Unidos y Reino Unido.

Las sanciones canadienses constituyen una medida de rechazo a la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo (esposa de Ortega) como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente, en las elecciones realizadas el 7 de noviembre pasado y que son consideradas por la mayoría de países como fraudulentas.

Entre los sancionados por Canadá están: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el asesor económico presidencial, Bayardo Arce Castaño; el superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro; el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y el director del Instituto Nacional de Energía, Rodolfo López Gutiérrez.

Con excepción de Arce Castaño, los otros 10 aparecen en la lista de sancionados anunciada por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido.

Las sanciones incluyen la congelación de activos en Canadá, la prohibición de realizar cualquier transacción con ciudadanos dentro del país, o canadienses fuera; así como una restricción migratoria.

Esta es la tercera ronda de sanciones que Canadá impone al régimen de Nicaragua desde 2019. Con estos 11 nuevos sancionados la cifra se eleva hasta 35 funcionarios castigados por el Gobierno canadiense. (LAG)

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Daniel Ortega fue reelegido el 7 de noviembre en unas elecciones no reconocidas por Occidente.

Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron sanciones contra autoridades nicaragüenses en respuesta a lo que Washington denominó ‘farsa electoral’.

MADRID. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron este lunes (15 de noviembre de 2021) sanciones en contra de funcionarios del Estado de Nicaragua, como respuesta a la reelección de Daniel Ortega como presidente de ese país.

En primer término, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses, por su papel en la «represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales» tras la «farsa» de elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre.

Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Ángel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.

Según la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, el «régimen» de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está usando «legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar».

También son sancionados los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa, así como el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.

Como consecuencia de esto, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos ya había impuesto previamente sanciones a numerosos miembros del círculo cercano de Ortega, entre ellos a varios de sus hijos.

La decisión británica

Entre tanto, el Gobierno del Reino Unido anunció sanciones contra ocho altos cargos del Estado nicaragüense, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, por su papel en la represión y otras irregularidades cometidas en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.

En un comunicado, el ministerio de Exteriores británico precisó que estas medidas, que han sido coordinadas con Estados Unidos y Canadá, significan que los sancionados tendrán prohibida la entrada al Reino Unido y será congelados sus activos en este país.

Además de Murillo -esposa del presidente Daniel Ortega-, son penalizados el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno; Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de Nicaragua; el ex vicepresidente y presidente interino y actual magistrado del Consejo Electoral Supremo, Lumberto Ignacio Campbell; el comisario de la Policía Juan Antonio Valle y el comisario jefe de la Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez. EFE

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Allanan viviendas en Guayas por presunto peculado en Hospital de Ambato

OPERATIVO. Se allanaron dos casas en el Guayas por un caso de peculado en el Hospital General Docente Ambato.

En Guayas, la Policía Nacional y la Fiscalía, allanaron dos viviendas en donde se encontraron indicios vinculados a un presunto caso de peculado que involucra a exfuncionarios del Hospital General Docente Ambato.

El operativo se realizó la noche del lunes 19 de julio de 2021, encabezado por la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública.

Se intervinieron dos casas, ubicadas en el Distrito San Jacinto de Yaguachi en la vía Durán-Tambo Km 26, recinto Virgen de Fátima y en el Distrito Naranjito-Coronel Marcelino Maridueña.

Según un reporte policial, los exfuncionarios implicados, días antes de ser desvinculados de sus cargos, se habrían sustraído documentación de procesos de contratación pública realizados en la emergencia sanitaria por el Covid-19.

 

Evidencias

Durante el allanamiento, se encontró una carpeta azul con documentos relacionados a contratos hechos por el Hospital General Docente Ambato al inicio de la emergencia sanitaria.

Se incautaron: dos celulares, dos computadoras, 143 municiones de diferente calibre, cinco cheques del Banco del Austro, por un valor total de 3.500 dólares, 100 comprobantes, tres talonarios de recibos, varios documentos financieros y 3.753 dólares en efectivo.

Además, se halló la credencial Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ángela Vanessa Paredes Bastidas, exgerente del Hospital Ambato, quien fue destituida en mayo de 2020 por posibles casos de corrupción.

 

Acciones. Los uniformados encontraron documentos, cheques y municiones durante el allanamiento.

 

Mayo 2020

El jueves 7 de mayo luego de varias denuncias en redes sociales, por la compra de indumentaria médica con sobreprecio en el Hospital, la Coordinación Zonal 3 de Salud destituyó a Vanessa Paredes, como gerente de la institución.

Se denunció que en el Hospital se habría realizado la adquisición de 4 mil 832 overoles por 216 mil 111 dólares, con un precio unitario de 39.90 dólares, cuando la misma prenda se la ofertaba en menos de la mitad de ese valor.

Es así que, el viernes 8 de mayo del año pasado, la Fiscalía Provincial de Tungurahua en coordinación con la Policía Nacional hizo un allanamiento en el Hospital Docente Ambato.

Se incautaron cuatro computadoras, dos celulares y documentación digital que estaría relacionada con el proceso de compra.

Ni los documentos físicos, ni los presuntos responsables se encontraban en el lugar allanado.

En ese momento, el fiscal provincial Galo Romero, manifestó que la Fiscalía iniciará una investigación previa por los presuntos delitos de tráfico de influencias, defraudación tributaria, alteración de evidencias y elementos de prueba, ya que, según la información recabada en las primeras horas, los documentos físicos habrían sido sustraídos del edificio.

 

TOME NOTA
La pena privativa de libertad por peculado puede ser de diez a trece años.

 

Versión oficial

Andrés Jaramillo, gerente del Hospital General Docente Ambato, manifestó que desde la institución se han dado todas las facilidades para que la Fiscalía haga las investigaciones y que están esperando el pronunciamiento oficial de las autoridades.

Además, Diario La Hora intentó tener una versión oficial de la Coordinación Zonal 3 Salud, pero desde el Departamento de Comunicación se informó que no se pronunciarían porque el caso está a cargo de la Fiscalía. (APQ)

 

Dato jurídico

El delito de peculado, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se da cuando los servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, en alguna de las instituciones del Estado, (…) en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.

Otorgan nombramientos para funcionarios judiciales

FUNCIONES. 27 funcionarios recibieron el nombramiento.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión extraordinaria 033-2021, realizada este viernes 30 abril de 2021, otorgó nombramientos provisionales para 27 servidores judiciales de 10 provincias.

De esta manera, el CJ refuerza el talento humano a nivel nacional y reafirma su compromiso permanente de garantizar la tutela efectiva de los derechos ciudadanos a través de la implementación de un mejor servicio de justicia en el país.

De acuerdo con la mencionada resolución, en la provincia de Bolívar se nombró un ayudante judicial; en El Oro, dos secretarios de juzgado y unidades judiciales; en Imbabura, un ayudante judicial; en Los Ríos, tres ayudantes judiciales y un liquidador-pagador; en Manabí, tres ayudantes judiciales, un citador-notificador y un gestor de archivo.

En tanto, en Morona Santiago, se nombró un ayudante judicial, cuatro técnicos de ventanilla e información, un liquidador pagador y un técnico operativo; en Napo, un ayudante judicial; en Pastaza, un médico perito, un ayudante judicial y un técnico de ventanilla e información; en Pichincha, un secretario de juzgado y unidad judicial y un ayudante judicial. Asimismo, en Santa Elena, un secretario de juzgado y unidad judicial y una trabajadora social perito.

El Pleno del CJ realizó los nombramientos en el marco de su segundo eje de gestión Fortalecimiento Institucional.