Las subcélulas de las bandas que se disputan el control penitenciario tienen menos confianza en sus líderes.
Como reza el dicho: “nadie sabe para quién trabaja”. En las cárceles del Ecuador, la división y desconfianza entre miembros de organizaciones delictivas complica más el camino del Gobierno, hacia la disminución de violencia. Así lo detallan informes de la Comisión de Diálogo Penitenciario y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Para entender esto, es necesario retroceder al momento en que las cárceles se convirtieron en espacios de expansión de las pandillas que responden a cárteles de narcotráfico.
Las subcélulas rebeldes
Desde 2011, la banda de los Choneros fue ‘ama y señora’ de las cárceles. El control lo logró captando cerca de 12.000 miembros en todo el sistema penitenciario, por más de una década.
De los Choneros nacieron cuatro subcélulas: Los Chone Killers, Los Lobos, Los Pipos y Los Tiguerones. Pero, para finales de 2020, estas bandas que habían aprendido la dinámica de la cárcel por la instrucción que recibieron de los Choneros, se rebelaron– a raíz de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’–. El tiempo coincide con las matanzas carcelarias que, en 2021, dejaron 316 presos cruelmente asesinados.
A las subcélulas rebeldes, se suman bandas como los Lobos y los Lagartos, que también tiene un subgrupo ‘los Gángster Negros’. Todos ellos buscan controlar las cárceles y su rivalidad directa también es con los Choneros, así lo recoge en un informe InsightCrime.
El coronel Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del Ejército, dice que esta expansión de grupos es peligrosa, porque su identificación se complica y también el camino hacia una “tregua”. Además, las cárceles se vuelven más violentas, “porque hay más grupos que se enfrentan, primero, por el control de pabellones y luego de las cárceles”.
El mismo criterio lo tiene la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, creada en diciembre de 2021, con el fin de generar una política de ‘humanización carcelaria’. A problemas como el hacinamiento, la comisión le suma la imposibilidad de una tregua, ya que existe rechazo de los miembros de bandas y células hacia sus líderes. Esta es una de las razones por las que firmar un acuerdo de paz ha sido imposible, dice la presidenta de la Comisión, Nelsa Curbelo.
Pagos a funcionarios
En un informe, con el diagnóstico de diciembre de 2021 a marzo de 2022, la Comisión señaló que la corrupción de las cárceles está en todos los niveles. Al menos el 10% de funcionarios que trabaja en el sistema penitenciario recibiría algún tipo de pago de las bandas criminales.
En el informe se señala que “la corrupción, como violencia estructural, coexiste en diferentes instituciones del Estado relacionadas directamente con la problemática carcelaria: el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), la Policía y la Función Judicial”.
A esto se suman los tratos diferenciados a líderes de bandas, como identificó la CIDH, que entrevistó a Adolfo Macías alias ‘Fito’ y Junior Roldán ‘JR’, líderes de los Choneros, que han formado otras dos subestructuras: Los Fatales y los Águilas.
La CIDH reportó que por la vestimenta, variada y en mejor estado, hay “líderes que cuentan con un trato diferenciado y preferente por las autoridades”. Estos beneficios son conocidos por reos, que no se sabe si comen tres veces al día, como lo reconoció el SNAI. Estos, según Pazmiño, son factores que promueven la disidencia y, por ende, un camino truncado hacia cárceles sin violencia.
Una de las estrategias del Gobierno para sostener al sistema carcelario ha sido el traslado de cabecillas a la cárcel de la Roca, en Guayas. Tanto la Comisión, como Mario Pazmiño, han advertido que será necesario el refuerzo de la inteligencia penitenciaria para evitar represalias por los traslados. (AVV)
Se estima que un 1 de cada 10 funcionarios de las cárceles trabaja para las bandas delictivas, según la Comisión de Pacificación.
“Por un lado (las cárceles) son centros de castigos. Por otro, son escuelas de tácticas delincuenciales”, Nelsa Curbelo, presidenta de la Comisión de Diálogo Penitenciario.