Consuelo Orellana, gobernadora de Azuay, confirmó que 44 de los guías y policías retenidos fueron liberados.
Aunque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ha evitado pronunciarse sobre los tres días de desmanes en la cárcel de Turi, en Cuenca, la gobernadora de Azuay, Consuelo Orellana, informó que 44 de los guías y policías retenidos en esa cárcel fueron liberados.
El secretario de Seguridad Pública del Gobierno, Wagner Bravo, señaló este jueves en una entrevista a la emisora FM Mundo que dentro de la cárcel de Cuenca hay retenidos tanto policías como guardias penitenciarios.
«Por seguridad no podemos decir un número preciso», dijo este jueves en declaraciones a periodistas la gobernadora (delegada del Gobierno nacional) de Azuay, Consuelo Orellana.
En redes sociales se hizo viral un vídeo grabado presuntamente desde dentro de la cárcel de Cuenca, aparentemente, por parte de los policías y guardias carcelarios retenidos donde hacen un llamamiento al Gobierno para encontrar una solución que permita su liberación.
Alrededor del centro de reclusión hay desplegados 400 militares y 200 policíasque desde el miércoles permanecen sin ingresar al interior del recinto.
Desde el 29 de agosto se han reportado motines en Azuay y también en Azogues, Cañar, colindante con Azuay, sin que de momento las autoridades haya señalado que existan personas retenidas por los presos en su interior.
El operativo en la prisión de Latacunga buscaba requisar armas en poder de los presos, lo que dio como resultado la incautación de 49 armas blancas, dos chalecos antibalas, una munición, 85 dólares, trece galones (49,2 litros) de alcohol artesanal, 39 terminales móviles, cinco chips de telefonía y cuatro tarjetas micro SD adicionales.
Las tres cárceles (Latacunga, Cuenca y Azogues) están presuntamente controladas por la banda criminal Los Lobos.
La intervención en Latacunga se sumó a otras similares realizadas en semanas anteriores en el complejo penitenciario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones que albergan a unas 12.300 personas, donde se halló un arsenal de guerra compuesto por fusiles, granadas, lanzagranadas, explosivos y miles de balas, entre otros objetos prohibidos.
El objetivo de estas requisas es desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los centros carcelarios y detener la serie de masacres por enfrentamientos entre estos grupos que han dejado más de 400 presos asesinados desde 2020.
Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves estallaron dos coches bombas en Quito, frente a edificios vinculados al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), lo que las autoridades atribuyeron a una presunta respuesta del crimen organizado contra los operativos en las cárceles y contra una serie de traslados de presos que fueron cambiados de prisión.
Esta situación de violencia carcelaria también se ha trasladado a las calles, lo que ha hecho que el país pase, en cinco años, de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia, con recurrentes asesinados que han tenido como víctimas a políticos, jueces y fiscales, entre ellos, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin electoral en Quito. (EFE-AVV)
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