Hasta el 7 de mayo de 2023, era necesario que el asesor tenga título universitario y además tener experiencia en materia legislativa. Desde el 8 de mayo, los requisitos para la contratación se flexibilizaron.
La coyuntura en una Asamblea Nacional de transición requiere un perfil de legisladores que fortalezcan esta función del Estado; sobre todo para enriquecer una práctica parlamentaria con debates e ideas de altura, con fundamentación y argumentación jurídica que permitan abordar los grandes temas de interés nacional.
Este es uno de los retos que tendrán los 137 nuevos legisladores elegidos en los comicios del 20 de agosto de 2023 y que llegarán a la Asamblea en diciembre de 2023 (según un calendario del Consejo Nacional Electoral) para completar el periodo 2021-2025 que se suspendió con la muerte cruzada.
Durante el desempeño del cargo, los asambleístas se apoyan con el trabajo de dos asesores y dos asistentes, según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Los asesores se encargan de dar soporte técnico, jurídico y político sobre los diversos temas que se abordan en el Legislativo. También tienen como función, revisar o redactar proyectos de ley de iniciativa del asambleísta, informes técnicos, mociones, discursos, y contestar correspondencia.
Hasta el 7 de mayo de 2023, era necesario que para que el asesor pueda enrolarse como trabajador de la Asamblea, tenga título universitario y experiencia en materia legislativa.
Durante la administración de Virgilio Saquicela, que presidía la Asamblea y el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), se reformó el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para la contratación de asesores legislativos, y flexibilizó los requisitos para acceder a este cargo.
Desde el 8 de mayo de 2023, según el Reglamento modificado, el Asesor 1 debe tener título de tercer nivel o demostrar experiencia de por lo menos tres años en temas parlamentarios; el Asesor 2 también deberá tener título, pero solo deberá acreditar experiencia en temas parlamentarios de un año.
El Reglamento modificado refiere que, para aplicar esta norma, se entenderá como experiencia en temas parlamentarios, la participación en cuerpos colegiados, gremios y organizaciones de la sociedad civil, movimientos o partidos políticos o haber ejercido funciones de dirigencia o similares, local, nacional o internacional”.
Para el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) el cambio en las reglas de juego para la contratación de asesores podría bajar la calidad del debate parlamentario.
Roger Celi, coordinador del Observatorio, ratificó que, con la modificación, ahora el asesor puede tener título o experiencia. Así, se dejó abierta la posibilidad de que la experiencia se justifique con la participación en algún gremio.
Celi puso de ejemplo que “hasta un representante de una liga barrial de fútbol ahora podría acceder al cargo de asesor legislativo porque acredita experiencia en participación gremial”.
Calidad de las leyes
Celi cree que se podría producir un problema de idoneidad en el despacho de un asambleísta.
Entre los 137 asambleístas que fueron elegidos en los comicios del 20 de agosto, hay un grupo de 22 que no tienen título universitario, según un informe del Observatorio Legislativo
Roger Celi recuerda que en Ecuador cualquier persona puede elegir y ser elegida, y no hay restricción -por el hecho de no tener título universitario- a acceder a un cargo público.
Sin embargo, él abre la interrogante de si, en los despachos donde posiblemente el legislador no tiene título y el asesor tampoco, y ninguno de los dos conocen de la práctica parlamentaria ¿puede generarse un problema de calidad de los despachos y de las leyes que se presenten en el Pleno para su aprobación?
“A partir de esto ¿se podrán proponer leyes con bases sólidas y de calidad para el país?, cuestionó. (SC)
Asesores por cuota política
La crítica del Observatorio de la FCD apunta a que, con estas condiciones sería un despacho “poco idóneo” porque, eventualmente, ninguno de los dos (ni asambleísta, ni asesor) tendrían el conocimiento acreditado por una universidad en materia de formular leyes.
También advierte de los riesgos de que se contraten asesores por cuota política. En la Asamblea no se prevé concursos de oposición y méritos para para la designación de personal bajo contrato. Estos son puestos de confianza.
Contratar una persona con título, y con experiencia no necesariamente relacionada con la legislatura, podría bajar la calidad del discurso público parlamentario, y no aportar en el ámbito económico, social o político del país.
Entre los 137 asambleístas que fueron elegidos en los comicios del 20 de agosto, hay un grupo de 22 que no tienen título universitario, según un informe del Observatorio Legislativo
El Asesor 1 percibe un sueldo de $3.000; y el Asesor 2, $2.500.