Las masacres registradas en los últimos años provocaron 316 muertes y se dieron por conflictos entre bandas criminales y ante la negligencia en la operación de las cárceles, advierte el organismo.
QUITO La crisis carcelaria de Ecuador, que desde 2020 se ha cobrado la vida de más de 400 presos en distintas matanzas ocurridas dentro de las prisiones, fue incluida por Amnistía Internacional (AI) dentro de su dossier de torturas correspondiente a 2021.
La organización destacó que solo en 2021 murieron 316 reclusos en diversas masacres ocasionadas por un enconado enfrentamiento entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles ecuatorianas y que, según las autoridades, están vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.
Amnistía detalló que 79 muertes tuvieron lugar el 26 de febrero; 119, el 28 de septiembre, y 62, entre el 12 y 13 de noviembre, en distintos episodios en diversas cárceles, aunque los más sangrientos se dieron en la Penitenciaria de Guayaquil, la cárcel más poblada del país.
Asimismo, advirtió que «las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa».
Entre las víctimas destacó al activista ambiental Víctor Guaillas, condenado a cinco años de cárcel por el delito de “sabotaje” en relación con las protestas de octubre de 2019, contra la eliminación de los subsidios de los combustibles, que paralizaron al país durante unos diez días y dejaron una decena de muertos y unos 1.500 heridos.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que instaba al Gobierno ecuatoriano a recuperar el control de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
Para solucionar esta crisis, el Ejecutivo busca casi doblar el número de guardias penitenciarios al contratar 1.400 nuevos agentes, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores e implementar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria. EFE