Código de comunas avanza pese a las observaciones de los sectores productivos

PARTICIPACIÓN. Tungurahua y Esmeraldas fueron el escenario de las primeras reuniones de preparación de la Consulta Prelegislativa. Fotos: Cortesía Gary Villamarin
PARTICIPACIÓN. Tungurahua y Esmeraldas fueron el escenario de las primeras reuniones de preparación de la Consulta Prelegislativa. Fotos: Cortesía Gary Villamarin

Los sectores productivos (agricultura, minería y petróleo) advierten que el articulado tiene vacíos legales. Se pueden crear beneficios excesivos para una minoría.

La elaboración del Código de Comunas avanza en su cronograma con paso firme, mientras importantes sectores productivos del país se preparan para hacer observaciones ante los vacíos legales que muestra el articulado.

Para los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, el código es un avance y da forma a los 21 derechos colectivos consagrados en la Constitución de Montecristi.

Durante la semana del 20 y 21 de abril, se cumplieron las primeras mesas técnicas de la fase de preparación de la Consulta Prelegislativa.

Por su parte, representantes de sectores productivos como el agrícola se organizan para realizar sus observaciones al tiempo que advierten de los abusos y la falta de coherencia en el texto.

Francisco Chiriboga, presidente de la Cámara de la Agricultura, dijo a LA HORA que tal como ha sido aprobado el texto en el primer debate por parte de la Asamblea Nacional, podría conllevar “al surgimiento de dos Estados dentro del Ecuador, uno de los cuales sería manejado por una minoría”, alertó.

El modelo no es sostenible

Chiriboga señala que los sectores productivos no están en contra del desarrollo de los 21 derechos colectivos consagrados en la Constitución, pero estos no pueden generar distorsiones que conviertan la ley en un “código racista, con beneficios para una minoría en detrimento de las mayorías del país”.

A su juicio el articulado “busca a la fuerza generar ciertos derechos y beneficios. Estamos de acuerdo en la necesidad de los derechos, pero no pueden pasar por encima de la mayoría”.

Asegura que si bien en el articulado del Código de Comunas se habla de recuperar y mantener la cultura de los pueblos y nacionalidades, así como la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, “no pueden ir en detrimento del ser humano y de la familia.

El dirigente de la Cámara de la Agricultura, precisó que dentro del texto se desarrollan derechos y beneficios, sin precisar, ni establecer los deberes y responsabilidades de estás comunidades.

A su juicio, “quieren aprovecharse de este tipo de leyes que generan fuerza, pero no esencia. Por lo tanto, el Estado tiene que respetar y hacer respetar los Derechos de todos los que vivimos en el país”.

El Código cómo “moneda de cambio”

El presidente de la Cámara de la Agricultura advierte que por el momento, los debates sobre el Código de Comunas se han centrado en el tema económico.

Quieren a la fuerza conseguir las cosas y lo único que les interesa es el tema económico, porque ni siquiera les interesa la conservación de los bienes naturales, quieren imponerse y lo más grave de todo es que estás leyes pueden convertirse en una moneda de cambio”, precisó.

Chiriboga advierte que dada la actual situación política del país, el avance de estos códigos (Código de Comunas y la Ley de Agua), que no se han socializado como debe ser y que ponen limitaciones a la participación, pueden ser utilizados “cómo moneda de cambio para conseguir los votos que se necesitan para sus atrocidades políticas”.

Vacíos por aclarar

Dentro de los temas a revisar, Chiriboga llamó la atención sobre la “reparación integral” de tierras que se desarrolla en el artículo 15 del código. En ese artículo, se obliga al Estado a “reparar, restituir o resarcir” a favor de las comunas o comunidades aquellos territorios que hayan sido expropiados, ocupados, tomados o desocupados sin el consentimiento de los propietarios.

“¿Qué es despojado?, ¿Cómo se va a interpretar? Si desde hace muchos años los que trabajamos las tierras compramos y vendemos, el Ministerio de Agricultura y el mismo Gobierno ha venido entregando tierras a mucha gente, otorgando escrituras o legalizado asentamientos”, cuestionó Francisco Chiriboga.

Asegura que el Código no desarrolla los fundamentos, ni los mecanismos para avanzar en este tipo de situaciones, lo que puede degenerar en mayores problemas. “No hay fundamentos, ni estrategias que permitan tener una reglamentación adecuada, una norma, se va por encima de todos los derechos”, remarcó.

Beneficios sin pago de impuestos

El presidente de la Cámara de la Agricultura advierte que el texto permitiría a las comunas y nacionalidades la extracción y explotación de los recursos naturales en el espacio geográfico, incluso en los páramos, dónde se genera el agua. Las comunidades tendrán el derecho a exigir un porcentaje de la utilidad.

 “Es bonito exigir y exigir, otra es cómo lo van a mantener, no quieren pagar impuestos, ni nada. Van a querer hacer obras y caminos, que los desarrolle el Gobierno, hay un montón de cosas por revisar”, acotó.

Exhortó al desarrollo de un código que siente las bases de un modelo de desarrollo comunitario que permita la producción y la sostenibilidad en el tiempo.

Construcción con las comunidades

La Asambleísta Paola Cabezas encabezó el pasado viernes 21 de abril de 2023 la mesa de trabajo realizada en Esmeraldas cómo parte de la fase de preparación de la Consulta Prelegislativa, indicando que uno de los puntos de mayor interés es el que tiene que ver con la compensación económica, establecida en el artículo 16 del Código.

En ese artículo  se establece que las comunas y comunidades tendrán derecho al 10% de las utilidades.

Cabezas precisó que “este fue el tema más discutido, lo que tiene que ver con la compensación en territorios comunales, sí en tierras comunales existen proyectos de extracción de recursos se establecerá un impuesto o compensación que pueda ser revertida a la comunidad”.

Parte de la discusión se centró en cómo deben ser recibidos por la comunidad estos recursos, con el fin de sean invertido dentro del territorio. Una de las propuestas según la asambleísta es que el SRI hiciera la entrega directa de estos recursos a las autoridades comunales. (ILS)