La democracia no es un concepto ideal, no es tampoco una utopía, es un tipo de régimen político con diversas modalidades en sus sistemas de gobierno como el parlamentario, presidencialista o tipos mixtos.
Pero, además, la democracia por sí misma no surte efectos, pues depende de la cultura política de los ciudadanos para que tenga el valor y la dimensión que le posicionan como el mejor tipo de régimen. Es decir, la democracia es posible cuando los ciudadanos comprenden y fomentan la independencia entre las funciones del Estado, cuando hay una acción participativa activa y efectiva, cuando se cumplen los deberes y se exigen los derechos, cuando hay igualdad política en la medida que donde termina el derecho de una persona inicia el de otra.
Los beneficios de vivir en democracia son muchos e incuantificables, como la posibilidad de solucionar los conflictos con el uso de mecanismos pacíficos, el derecho de exigir de manera permanente rendiciones de cuentas a las autoridades, el acto de elegir y ser electos periódicamente de forma universal, secreta y directa. La democracia también nos permite expresarnos en libertad y acceder a información de carácter público sin restricciones. Democracia también significa involucrarnos en procesos de diseño de política pública en distintos momentos y modalidades. Por todo ello, la democracia le pone límites al poder.
La democracia se robustece cuando las instituciones perviven en el tiempo y las reglas del juego son asumidas, respetadas y valoradas por los ciudadanos. No hay una democracia saludable que haya resistido al cambio permanente de reglas del juego y, peor aún, a liderazgos de corte autoritario y totalitario. La democracia nunca aceptará que alguien diga “el Estado soy yo” o aberraciones como que un mandatario diga que es “jefe del Estado y por lo tanto de todas las funciones”. Quienes apoyan este tipo de declaraciones, seguramente no entienden qué es la democracia.
La democracia no estatiza la participación política de los ciudadanos, más bien deja que esta surja desde la voluntad cívica y el legítimo afán de contribuir al Estado. Entonces, a participar.