Durante mucho tiempo los ecuatorianos reclamamos, a veces en voz alta, por la independencia de la justicia. Hubo en los años de la década correísta situaciones en las que el denunciante era perseguido por la Fiscalía, en lugar del denunciado. Un ejemplo fue en la campaña electoral para las últimas elecciones generales, a propósito de señalamientos de corrupción al candidato oficialista a la Vicepresidencia, hoy en la cárcel.
El “interés público” de la Fiscalía, ¿estaría relacionado con el manejo de los recursos del Estado, que son patrimonio de todos? En las materias que se denunciaban, ¿no se presumía el atropello a los derechos de las víctimas, en este caso todos los ecuatorianos? Si el sospechoso acaso no resultara culpable de delito alguno, ¿quién podría dudar de su incapacidad para asumir semejantes responsabilidades?
La Constitución en su Artículo 195 dice: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”.
El fiscal de entonces declaró que se sometería a investigación aquel que se atreviera a atribuir algún tipo de responsabilidad a quien tuviera a su cargo cuidar, fiscalizar, controlar y velar por el buen uso los recursos del pueblo ecuatoriano en el manejo de las áreas estratégicas del país. La declaración está en varios medios de comunicación de entonces. Puede consultarse en las bibliotecas públicas del país.
Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de qué estás decidiendo”. Fernando Savater Filósofo y periodista español (1947)
Necesitamos la esperanza para que nuestra alegría sea perfecta”. Pierre Teilhard De Chardin Paleontólogo y filósofo francés (1881-1955)