Jaime Vintimilla
La carencia de institucionalidad ha postrado al país en un marasmo del cual le cuesta salir. Infortunadamente, persisten todavía atavismos que como panaceas se repiten como fórmulas para resolver los acuciantes problemas que no han podido zanjarse desde el inicio mismo de la república.
Todos los conflictos, estructurales o no, ya sea la corrupción, la inseguridad vial, la apatía política de los ciudadanos, ya sea el divorcio entre las normas y la realidad, han buscado ser dirimidos mediante un mecanismo recurrente e ineficaz como la exclusividad de la reforma normativa. Es decir, el fenómeno social va a ser regulado por normas jurídicas que, de forma mágica, disipan las causas que generan estos serios problemas.
Empero, para combatir la falta de institucionalidad se requiere de un cambio de la cultura ciudadana imperante, que permita el real involucramiento en el quehacer político de personas transparentes, pues desde hace décadas que esta función ha quedado relegada, con excepciones brillantes, para audaces que, en nombre del pueblo, ofrecen oropel a cualquier precio.
La corrupción, la inseguridad vial y otros males únicamente podrán desaparecer no solo por obra de la legislación sino gracias al trabajo mancomunado de la sociedad en su conjunto. Hoy la política de la revancha, ayer la prepotencia; antaño la corrupción, hogaño el desorden solamente podrán desaparecer cuando la institucionalidad reemplace al instinto y al deseo de sobresalir para medrar incesantemente de la cosa pública.
Parecería que nos encontramos en la era de los deberes y para ello, conforme las lecciones de Cicerón, es trascendental que la honestidad sea el camino que incluso deba anteponerse a lo meramente útil.
En lo político es inevitable que muchas personas procuren sus intereses, pero deben satisfacerlos sin infligir a los demás y a la comunidad daño alguno.
Considero que es hora de empezar a proteger las instituciones para evitar el sempiterno mal de la necesidad de una actuación políticamente correcta así sea mediante herramientas propias de una herejía jurídica.