El pasado 12 de abril, el presidente Moreno anunció que su salario y el de otras altas autoridades del Estado, incluyendo asambleístas, alcaldías y prefecturas tendrán una reducción del 50%. Medida por demás justa y coherente con la realidad nacional. En Ecuador los sueldos más altos los reciben los políticos. Un ejemplo de ello los sesenta millones de dólares al año que pagamos a los 137 asambleístas para cubrir sus remuneraciones y múltiples beneficios como: telefonía celular, internet, seguro de salud, pasajes aéreos (52 al año), compensación por vivienda, dos asistentes y dos asesores por legislador.
Falta espacio en este artículo para mencionar todo lo que gastamos en burocracia en las demás funciones de Estado incluidos los GADs, sueldos a ex Presidentes y vice Presidentes. El pueblo ya no soporta más sostener sobre sus hombros la comodidad y opulencia de “unos cuantos”. La reducción de las exageradas remuneraciones que perciben ciertos funcionarios públicos, no trata de perjudicar a nadie, al contrario busca no seguir perjudicando a la mayoría.
Si bien, la independencia de funciones del Estado y la autonomía de los GAD´s le impiden al Presidente decidir sobre sus sueldos, el as bajo la manga del pueblo Ecuatoriano está en la Losep (Disposición General Séptima) ningún servidor público puede tener un salario superior al del Presidente de la República. Es así que, si el Presidente cumple y reduce su sueldo, todos se verán obligados a hacerlo. Ojalá sentemos un precedente de congruencia, poniendo a la política en su lugar como herramienta puesta al servicio de la sociedad y no al revés.