Quito
El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, aseguró que una última reforma a la Ley de Hidrocarburos, que ha causado malestar a compañías privadas que operan en el país, intenta reparar una «injusticia histórica» que impedía a los ecuatorianos disfrutar de los beneficios petroleros.
Pese a que las trasnacionales petroleras impugnan la enmienda, Palacio dijo que la reforma es un acto de «justicia y equidad», porque redefine el reparto de ganancias entre el Estado y las compañías privadas.
La enmienda petrolera fija un reparto del 50 por ciento entre las partes de los ingresos adicionales que ha generado el incremento del precio del crudo en el mercado internacional.
Palacio, en un mensaje televisado a la nación, recordó que los contratos de participación suscritos en el pasado, pero que aún se mantienen en vigor, «estipulan el 82 por ciento (de las ganancias) para la compañía petrolera y el 18 por ciento para el Estado ecuatoriano», lo que constituye, dijo, «un claro ejemplo de esta injusticia histórica».
Culpó a anteriores gobiernos de no haber enmendado ese error y aseguró que esa omisión «causó ingentes perjuicios al país».
«Por largos años nadie se preocupó de corregir este grave error, que le privó al país de contar con recursos para atender las clamorosas necesidades del pueblo ecuatoriano», añadió el jefe del Estado.
Anotó que los contratos suscritos en el pasado se establecieron con precios del crudo «bajos» y manifestó, como ejemplo, que en algunos convenios se establecieron valores de 15 dólares por barril, de los cuales 2,5 dólares iban a manos del Estado y el resto a la empresa privada, incluidos «gastos, costos de producción y una ganancia justa».
«En la actualidad -apuntó Palacio-, el precio es muy superior. Según el Banco Central, en el año 2005, el precio promedio del barril del crudo Oriente (ecuatoriano) fue de 42,26 dólares, es decir casi tres veces más de lo que se calculó al inicio, y ha llegado a niveles que superan los 50 dólares».
Con un excedente que bordea los 30 dólares, Palacio justificó la reforma, que ya se ha aplicado en Venezuela y en Bolivia.
El presidente ecuatoriano afirmó que, según cálculos del Ministerio de Economía, entre 2003 y 2005 el Estado ha dejado de recibir 731 millones de dólares de los ingresos extraordinarios generados por las compañías petroleras privadas.
El presidente ecuatoriano ratificó que la reforma legal no tiene un carácter retroactivo y dijo que con la enmienda el Estado ecuatoriano aspira a obtener 217 millones de dólares «por ingresos petroleros no presupuestados».
Ante la negativa de las trasnacionales a aceptar la enmienda, Palacio manifestó que su gobierno buscará, «por todos los medios constitucionales, legales y éticos, estimular la inversión privada nacional e internacional».
Además, insistió en que, con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, su gobierno «ha cumplido un acto de justicia, equidad y soberanía».
Por su parte, las empresas petroleras privadas han amenazado con demandar la inconstitucionalidad de la Ley y no descartan la posibilidad de acudir ante tribunales internacionales para protestar por la enmienda.
En Ecuador operan 15 empresas petroleras internacionales y las más importantes son la hispano-argentina Repsol-YPF, la italiana Agip, la china Andes, la estadounidense Occidental (Oxy) y la francesa Perenco.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, que produce unos 550.000 barriles diarios de crudo, el 75 por ciento de los cuales pertenece a las empresas privadas, y el resto a la empresas estatal Petroecuador.
Los ingresos petroleros en Ecuador financian alrededor del 35 por ciento del presupuesto general del Estado.
EFE