El presidente panameño Laurentino Cortizo sancionó una ley para frenar las futuras concesiones de minería metálica en un intento por calmar las protestas masivas que han paralizado al país en rechazo a un contrato minero.
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La Asamblea le dio en la fecha el tercer y último debate a la ley y de inmediato fue rubricada por Cortizo y publicada en la Gaceta Oficial.
La norma prohíbe al Estado hacer nuevas concesiones de exploración, extracción y transporte de minerales metálicos en todo el territorio nacional. También incluye la prohibición de renovar y otorgar prórrogas a las concesiones vigentes.
“Necesitábamos que esta Asamblea escuchara el clamor de panameños que llevan días en las calles”, dijo la diputada independiente Walkiria Chandler tras la aprobación.
La ley de moratoria minera es una de las demandas de los manifestantes que exigen a su vez la derogación del contrato con Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals y cuya firma por Cortizo hace dos semanas fue el detonante de las protestas.
La sanción de la ley ocurre en la fecha en que los panameños celebran 120 años de separación de Colombia y tras dos semanas de manifestaciones multitudinarias en las calles que mantienen al país centroamericano casi paralizado.
Las protestas continuaban aunque con menor intensidad que en los días anteriores y se mezclaban con los festejos patrios. Líderes de las protestas dijeron que se mantendrán en las calles hasta que sea derogada la ley del contrato minero, cuya suerte estaría ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia luego de que la Asamblea descartó derogarla.
La moratoria no recoge en su totalidad “los verdaderos intereses del pueblo que es la derogación del contrato”, manifestó el dirigente Fernando Abrego, mientras participa de una marcha junto a otros educadores en la capital panameña.
“Esto es apenas un primer paso, pero lo que queremos realmente los panameños es que no exista actividad minera en el país por todo el daño a los bosques y ríos que causa”, dijo a The Associated Press la estudiante de música Amy Ortega, de 22 años, en una manifestación en la capital mientras levantaba una pancarta en que se leía “El oro de Panamá es verde”.
“Las empresas se llevan las riquezas y la gente queda más pobre”, agregó.
Consulta popular para tumbar contrato minero
Sal de Las Redes, un colectivo contra la actividad minera y que ha estado impulsando las actuales manifestaciones, refirió que sólo hay activas en el país dos concesiones para la extracción de mineral metálico, incluida la mina de cobre de la empresa canadiense que está en el centro de las protestas.
Mientras tanto, Cortizo en su cuenta de X, antes Twitter, publicó el viernes fotos mientras rubricaba la sancionada ley de moratoria y escribió que “con el respeto debido a la separación de los poderes del Estado, esperemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia” respecto al polémico contrato-ley con la minera canadiense.
El mandatario dejó entrever de esa manera que su propuesta de realizar una consulta popular para que los panameños decidieran la derogación o no del contrato no seguirá adelante. Un proyecto de ley para convocar a la consulta se quedó en el primero de tres debates.
Juristas han advertido que una derogación del contrato, ya sea por ley o por consulta popular, podría traer consecuencias para el Estado por incumplir el acuerdo con la empresa y han pedido que se deje a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre su posible inconstitucionalidad.
El máximo tribunal ha admitido ocho demandas de inconstitucionalidad presentadas por gremios y juristas. Los expertos consideran que de darse un fallo en esa línea libraría al Estado de posibles demandas multimillonarias por parte de la empresa.
Cortizo, a quien le resta medio año para culminar su mandato, sancionó y promulgó aceleradamente el contrato ley el viernes 20 de octubre luego de que también se aprobó con rapidez en el Legislativo pese al rechazo popular que ya se manifestaba en las calles.
El contrato le dio derecho a Minera Panamá para seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.955 hectáreas por un periodo de 20 años, prorrogable por otros 20 más.