En Estados Unidos, la combinación del porte de armas y la violencia doméstica tiene resultados devastadores. Solo 21 estados tienes normas que obligan a entregar armas ante el riesgo de ataques mortales.
Cuando Janet Paulsen estaba a punto de dejar a su marido —quien se había vuelto cada vez más inestable a lo largo de sus 15 años de matrimonio—, una noche, mientras él dormía, fue hasta las cajas fuertes donde guardaba sus armas para intentar cambiar la combinación de las cerraduras.
“Había 74 armas de fuego en mi casa”, dijo Paulsen, que se quedó atónita por la cantidad de armas que encontró, pero no pudo averiguar cómo cambiar los códigos. “Cuando fui a conseguir mi orden de protección, llevé conmigo fotos de todas esas armas de fuego”.
Georgia, donde ella vive, no es uno de los 21 estados con leyes para obligar a la gente a entregar sus armas mientras se considere que son un riesgo para ellos mismos o para los demás. Así que al marido de Paulsen, al que ella acusaba de comportamiento amenazador y errático, sólo se le ordenó que se mantuviera alejado de ella y de sus hijos gemelos de entonces 13 años hasta una audiencia.
Eso cambió unos días más tarde, cuando él trató de rastrearlos a través de una aplicación de localización de teléfono, una violación de la orden de protección que dio pie a un cargo por delito menor, dos horas en la cárcel y una orden judicial para confiscar sus armas.
Mientras Paulsen y los niños pasaban la semana en un motel donde se habían refugiado mientras él se mudaba, los policías incautaron más de 70 armas de fuego de su casa, en una comunidad a orillas de un lago a unos 50 kilómetros (30 millas) al noroeste de Atlanta.
Pero la policía, explicó Paulsen, dejó una pistola en una camioneta aparcada en la entrada, dudando de si la orden cubría el vehículo de Scott Bland.
Cinco días después, Bland tendió una emboscada a Paulsen en el garaje cuando ella regresaba a casa después de hacer las compras. Mientras ella intentaba huir, le disparó seis veces con una pistola semiautomática de 9 mm. Luego se suicidó.
“Tardé cinco años en armarme de valor para divorciarme de él, porque sabía que pagaría un precio. ¿Y sabes qué pasó cuando lo hice? Me disparó”, dijo Paulsen, de 53 años, ex administradora de propiedades y atleta de resistencia que quedó parcialmente paralizada tras haber sido baleada ese día de 2015.
Su tratamiento médico le ha costado desde entonces unos 2,5 millones de dólares, gran parte de ellos sufragados por la sociedad civil a través de los pagos del seguro médico.
“A cada paso del camino parecía que sus derechos eran más importantes… que los míos y los de mis hijos”, dijo, con voz quebrada.
Diferentes estados, diferentes protecciones
Si Paulsen tuviera que enfrentar esas amenazas hoy en Seattle, no solamente el conjunto de armas de su marido se trasladaría al depósito de la policía, sino que un juez sostendría una audiencia a los pocos días para interrogarlo sobre su acceso a otras armas de fuego. ¿Alguien más de su familia tiene un arma? ¿Tiene acceso a armas en el trabajo? ¿Qué pasó con la pistola que figura en su historial de compras de armas de fuego?
Numerosas personas buscan protección en el condado de King cada semana por violencia doméstica, persecución, amenazas en la escuela u otros comportamientos preocupantes. Cuando hay armas presentes —como normalmente sucede en la mitad de los casos en que se admiten medidas por violencia doméstica—, la amenaza de lesiones o muerte es exponencialmente más alta, y un equipo interinstitucional puede empezar un procedimiento de entrega de armas en virtud de la ley estatal.
Se trata de un programa menos contencioso y no penal que se ha convertido en un modelo para otros condados. Pero esta iniciativa, y otras similares en diversas partes del país, podrían estar en peligro cuando la Corte Suprema de Estados Unidos considere el mes próximo si se puede obligar a las personas a entregar sus armas antes de una sentencia condenatoria.
Un tribunal federal de apelaciones, en un caso de Texas, juzgó esta práctica como inconstitucional. La Corte Suprema federal ha acordado debatir el tema el 7 de noviembre, pero nadie sabe si para anular el fallo del Quinto Circuito o para ratificarlo.
La Corte Suprema parece estar bastante interesada en los casos que conciernen a los derechos relacionados con las armas. La mayoría conservadora votó el año pasado a favor de anular las restricciones impuestas desde hace tiempo en Nueva York a la portación oculta de armas.
Esto ha hecho que tribunales de menor instancia, a veces a regañadientes, anularan más de una docena de medidas de seguridad para las armas a nivel estatal y local. Los activistas que luchan contra la violencia doméstica temen que las llamadas leyes de “bandera roja”, que alejan las armas de las personas en crisis, puedan ser el próximo objetivo.
Mientras tanto, algunos tribunales estatales están relajando las prohibiciones a las armas de fuego por otros motivos.
Las órdenes de entrega de armas están suspendidas por lo menos en cinco condados de Washington desde que un tribunal estatal de apelaciones afirmó que son violatorias de la Cuarta Enmienda constitucional, que ampara el derecho a estar protegido de registros e incautaciones indebidos, y del derecho a no auto incriminarse establecido por la Quinta Enmienda.
Esto preocupa a los activistas, que señalan datos recientes que indican que las incautaciones de armas podrían reducir en 10% o más las más de 2.500 muertes anuales por violencia doméstica en el país, en más de la mitad de las cuales están implicadas armas de fuego. El momento más peligroso para las víctimas es cuando tratan de salirse de una relación, mucho antes de que su agresor sea condenado por algo.
“Es muy preocupante”, comentó Karla Carlisle, subdirectora del Northwest Justice Project, que representa a víctimas de violencia doméstica y ha pedido a la Corte Suprema de Washington que ratifique la ley estatal. “Sigo aguardando que ocurra lo peor, que es que alguien pierda la vida”.
“¿Sus derechos a las armas valen más que los derechos de los demás?”
Una de las clientas de Carlisle se ha mudado al otro lado del estado con sus hijos para intentar evitar ese destino.
“Isabelle”, quien pidió que no se publicara su nombre real para protegerse a sí misma y a su familia, obtuvo en mayo una orden de protección por violencia doméstica en un condado rural de Washington, pero el juez no quiso ordenar a su esposo, del que está separado, que entregara sus casi 40 armas. En cambio, a su cónyuge se le dijo que no las “poseyera”. Pero sin actuación de la policía, Isabelle no tiene ninguna garantía.
Carlisle está usando este caso —y su contradicción inherente— para impugnar la sentencia del tribunal de apelaciones de Washington.
“Hay víctimas que hasta se cambian de casa porque no quieren vivir en esa situación”, dijo Jordan Ferguson, un sargento jubilado de la policía de Spokane, que ahora pertenece a la Coalición Regional contra la Violencia Doméstica de Spokane.
Durante las horas de entrevistas que hizo este verano, Isabelle describió un ciclo de 20 años de comportamiento tóxico que encajaba en los patrones clásicos de abuso: atenciones y cariños desbordados (“lovebombing”), al principio. Aislamiento, al poco tiempo. Embarazos para retenerla, después de que tuvieran tres hijos en dos años. Manipulación psicológica (“gaslighting”), a medida que su miedo crecía. Persecución, cuando quiso trabajar entregando correo.
“Es que realmente te enamoras de una mentira, y la esperanza se vuelve una adicción, de que esa persona (que conociste al principio”) regrese”, dijo. “Pero me convirtió en una esclava”.
Ese comportamiento peligroso se volvió más intenso después de que su marido, que trabajaba como camionero, sufriera una lesión en la cabeza en su trabajo en 2016, explicó Isabelle.
Habían empezado a adquirir armas por ahí de 2008, cuando la recesión económica del país les hizo perder su casa y su negocio, y consideraron la posibilidad de convertirse en distribuidores autorizados de armas de fuego. Eso nunca pasó, pero aun así acumularon AK-47, pistolas, rifles y piezas de armas que valían miles de dólares.
Cuando se ponía de mal humor, contó, su marido blandía una pistola en el dormitorio durante la noche y a veces la atemorizaba, a veces la amenazaba, a veces juraba que iba a matar a toda la familia.
Si bien en ese momento Isabelle lo ignoraba, la presencia de una pistola aumentaba cinco veces la posibilidad de que muriera a manos de su marido, de acuerdo con un análisis de los datos disponibles realizado por Everytown for Gun Safety. Ella sólo rezaba para que no matara a sus niños.
Isabelle decidió este año que ya no podía aguantar más, cuando él se enfureció porque ella decidió ir a Texas para el funeral de una hermana que no había visto en 10 años. Regresó a casa una semana más tarde y le dijo que quería el divorcio. Él suplicó que lo resolvieran.
Luego, en marzo, su marido se apuntó a la cabeza con una pistola cargada y le dijo: “Deberíamos irnos todos juntos”, pero luego aventó la pistola a la cama y la estranguló, según el expediente de su caso. El juez concedió la orden, pero —contrariamente a lo que establece la ley estatal— no ordenó que entregara las armas de fuego por un año.
“¿Sus derechos de posesión (de armas) son más importantes que los derechos de su esposa y sus hijos a estar a salvo? ¿O, ni siquiera de su esposa y sus hijos, sino de las personas que lo rodean?”, preguntó Isabelle. “¿Sus derechos a las armas valen más que los derechos de los demás?”