En los últimos años se han hecho 8 intentos de establecer una política productiva. El cambio puede iniciar con tres acciones concretas.
En 2012, con el establecimiento de un plan cambio de la matriz productiva, se aseguró que la industria manufacturera podría llegar al 14,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2017; y dar un definitivo salto de calidad hasta el 25% en 2025.
Sin embargo, la realidad es que el peso del sector industrial ha ido cayendo paulatinamente y ahora se ubica en menos del 12%. Pablo Jiménez Ayora, director de Investigaciones de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), explicó que las cifras señalan que existe un proceso de desindustrialización del país, que, paradójicamente, se ha profundizado en los últimos 8 años
Es más, Jiménez recalcó que el fracaso de las políticas públicas se hace más visible si se analiza que, desde 2007 hasta la fecha, existen al menos 8 intentos por implementar un plan de desarrollo productivo.
“Ninguno de ellos ha incidido de manera positiva en la producción manufacturera y peor aún en la productividad laboral que prácticamente se encuentra estancada en los últimos 20 años”, acotó.
Para salir de esa situación de continuo deterioro, las soluciones no son inmediatas; pero se puede iniciar con tres acciones concretas.
Calidad regulatoria
La correlación directa es que, a mejor carga regulatoria, se podrá generar mayor crecimiento económico. El país necesita depurar su normativa, eliminar todas las disposiciones obsoletas y generar leyes que faciliten la creación de empresas y empleo. Un primer paso para eso es adoptar la Recomendaciones sobre Política Regulatoria y Gobierno de la OCDE. En el corazón de ese proceso está la adopción de la Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA por sus siglas en inglés), que contiene un análisis antes y después de la puesta en vigencia de cualquier ley. Además, se debe implementar simplificación y depuración de la tramitología, tanto en el Gobierno central como en los Gobiernos locales.
Eliminación de controles de precios
La imposición de precios mínimos a ciertos productos agrícolas, como el maíz amarillo, el arroz o la leche, no han ayudado a esos sectores a aumentar su productividad, sean más competitivos en mercados locales y externos, y generen empleos formales con salarios más altos. Por eso, según Jiménez, se debe eliminar esos precios y, al mismo tiempo, adoptar otros mecanismos como la promoción de contratos de largo plazo con riesgo compartido, seguros agrícolas y legislación en contra de comportamiento colusorio.
Empleabilidad juvenil
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) dicen que, en los últimos 3 años, las personas de hasta 34 años perdieron más de 500.000 puestos de trabajo tanto en el mercado formal como informal
El círculo vicioso se completa cuando los jóvenes que carecen de certificaciones y experiencia laboral no pueden demostrar sus habilidades a sus futuros empleadores, por lo que permanecen en una situación de desempleo con consecuencias que incluso pueden llegar a ser permanentes.
Una vía de solución es el fomento de la educación vocacional, pero, al momento, solo un pequeño grupo de empresas en el país están implementando programas de “formación dual”, que combinan la parte teórica con la práctica desde el inicio de las actividades académicas.
Para la masificación de esos programas, una fuente de financiamiento podría ser el 1% de la nómina que las mismas empresas que ya destinan para capacitación, pero esos recursos no se están utilizando a esos fines; sino que van a las cuentas del Tesoro Nacional y se pierden en el gasto corriente del Estado.
“Un fondo con estos recursos administrados por un cuerpo colegiado público-privado podrían darle el impulso necesario para que este programa empiece a contar con más estudiantes y empresas”, acotó Jiménez. (JS)