Redacción QUITO
El juez Iván Saquicela dispuso la prohibición de salida del país y la presentación cada ocho días ante la Corte Provincial de Guayas a Vicuña. Además, ordenó la prohibición de enajenar un departamento en Quito, valorado en 67.000 dólares, a pedido de la abogada de Vicuña. Con la resolución da inicio a la instrucción fiscal de 90 días.
Durante alrededor de tres horas, la Fiscalía y la defensa de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, expusieron sus argumentos dentro de la audiencia de formulación de cargos. La exsegunda mandataria es acusada del delito de concusión por un presunto cobro de diezmos a sus excolaboradores Ángel Polivio Sagbay y Carla Obando, cuando era asambleísta.
La fiscal general (e), Ruth Palacios, presentó 20 elementos de convicción al juez Iván Saquicela con los que formuló cargos a Vicuña. Según su relato, la exvicepresidenta recibió transferencias en sus cuentas del Banco Bolivariano y Banco de Machala, por montos superiores a 16 mil dólares y 3.700 dólares, respectivamente.
Además, indicó que según un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Vicuña presentó un impuesto a la renta al SRI, entre 2008 y 2017, por un valor de 512 mil dólares, cuando sus ingresos superó el 1,1 millones de dólares. En ese informe consta que Sagbay depositó en total 20.600 dólares y Obando 14.650 dólares. Y que existe una transferencia de 16.000 dólares, cuyo origen no se conoce.
Según Palacios, Sagbay trabajó como asistente administrativo de Vicuña entre junio de 2011 y mayo de 2012, y como asesor 1, entre junio de 2012 a mayo de 2013. En ese periodo, supuestamente habría sido obligado a depositar, primero, 300 dólares, y después 1.400 dólares mensuales al haber ascendido. Este dinero, según la defensa de Vicuña, era entregado voluntariamente y destinado a la organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Pero, según la fiscal, Vicuña no ha justificado qué pasó con ese dinero, en qué fue utilizado y si fue a las cuentas de ABA o no. Porque según información de la tesorería nacional de Alianza País, no constan depósitos de Vicuña o de ABA hacia el movimiento político entre mayo de 2011 y mayo de 2013, periodo en el que Sagbay era colaborador.
Medidas cautelares
Después de que Palacios acusó a Vicuña solicitó al juez que se otorgue la prisión preventiva para el exvicepresidenta por no existir las garantías de su presencia en el proceso. Además, pidió la prohibición de enajenar bienes y la retención de las cuentas por un monto de 23.300 dólares.
Frente al pedido de prisión preventiva, la abogada de Vicuña, Ana María Ontaneda expresó su indignación y sorpresa por considerar que dicha medida es de caracter excepcional y porque su defendida ha demostrado durante toda la investigación su predisposición a colaborar con la Justicia.
Dijo que desde el 29 de noviembre de 2018, cuando se notificó personalmente sobre el inicio de la indagación, se presentó en la Fiscalía. Que rindió versión el 7 de enero durante más de cinco horas, que su defensa ha estado presente en todas las versiones, que ha participado en las diligencias solicitadas.
Presentó también documentos de arraigo en el que consta el documento de Presidencia certificando que Vicuña tiene acompañamiento de las Fuerzas Armadas todo el tiempo, por el servicio de protección que le otorga el Estado por seis meses. Por lo que no existe un riesgo de fuga.
Cuestionó que en los elementos de convicción no consten pericias contables sobre los montos de dinero, que la Fiscalía no haya investigado para qué se usaron los recursos, que se haya fraccionado la información y que no se hayan incluido nueve versiones que contrarrestan las de Sagbay.
Finalmente, la fiscal, al reconocer que existe la protección especial del Estado a Vicuña, accedió al pedido de la abogado de que se otorgué la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad.