Redacción QUITO
La fiscal general (e), Ruth Palacios, convocó hoy a las 15:00 a Iván Granda, subsecretario de Acción Política de la Presidencia a que rinda su versión sobre los acuerdos a los que habría llegado el Gobierno con 17 presuntos testaferros, para que entreguen información. Y reconoció que desconocía el hecho hasta ayer que se hizo público a través de los medios de comunicación.
Ayer Granda dijo en la Asamblea que el Ejecutivo conoce a 17 personas que habrían prestado sus nombres durante el gobierno de Rafael Correa. Ellos estarían dispuestos a entregar información de quién, cómo y cuándo se dieron esas acciones a cambio de una cooperación con la Fiscalía. Pero para esto, Granda señaló que se requeriría la aprobación de la Ley Anticorrupción enviada por el Ejecutivo, que otorga beneficios a los delatores.
Frente a estas declaraciones, Palacios convocó a Granda a rendir versión porque la «Fiscalía es la única que tiene la titularidad de la acción penal y puede llegar a esa investigación». Aclaró además que la institución es la única que puede llegar a acuerdos de cooperación eficaz, en el marco de un enjuiciamiento penal.
«Debemos contar con una investigación que nos permita ahondar varios elementos que determinen que el delito se ha cometido. Únicamente ahí es cuando Fiscalía inicia un proceso penal y las partes pueden someterse a una cooperación eficaz y sus beneficios«, señaló y enfatizó que otros acuerdos no son válidos.
Sin embargo, Granda no acudiría al llamado de la Fiscalía porque se encuentra en Cuenca cumpliendo actividades de su agenda.
«Vivimos en democracia y la separación de funciones es fundamental. Acudiré a cualquier llamado de otros poderes del Estado -en el marco de sus competencias- que requieran información de mi trabajo. La lucha contra la corrupción corresponde a tod@s y seguiré con la misma entereza», dijo Granda a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a la Fiscal.
La fiscal general además exhortó a los funcionarios públicos a denunciar casos de corrupción de los que tengan conocimiento. «Tienen la obligación de denunciar los hechos apenas conozcan de un delitos, que los investiga únicamente la Fiscalía». (AGO)