«Ahora con la terminación de estado de excepción debe ser que varias cosas regresan a la normalidad y con ello los arrendatarios van a poder tomar otras medidas si es que no pagamos a tiempo el arriendo», esa es la preocupación de Miriam Freire quien perdió su empleo en mayo a causa de la pandemia.
La mujer de 32 años y madre soltera, de dos menores de 10 y 7 años, cuenta que sus ingresos disminuyeron casi a la mitad y aunque había llegado a un acuerdo con su dueña de casa quien le bajó 25 dólares del arriendo, a pesar de sus esfuerzos no logra pagar la renta, el 12 de cada mes, de manera puntual porque no siempre ajusta a esa fecha los 100 dólares.
Por ello espera que las autoridades hagan valer lo establecido en la Ley de Apoyo Humanitario que emitió medidas solidarias para los pagos de créditos bancarios, servicios básicos, y arriendo en esta época de crisis a causa de la pandemia por el Covid-19.
En la normativa se establece que mientras dure el estado de excepción y 60 días después de su conclusión; es decir hasta el 12 de noviembre de este año, no se podrán hacer efectivos desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles.
Esta medida excluye los casos de peligro de destrucción o ruina del inmueble o los casos de uso del espacio físico para actividades ilegales.
En la Ley se explica que los arrendatarios que deseen beneficiarse con esta medida deberán cancelar por lo menos el 20% del valor de los valores pendientes y en el caso de locales comerciales, el arrendatario debe demostrar que sus ingresos se han afectado en no menos un 30% en relación con el mes de febrero previo a la pandemia. (NVP)