Patricia T. de 26 años de edad, es una de las estafadas de bitcoin, ella entregó en un inicio mil dólares y al mes recibió 300 dólares, luego depositó 10 mil dólares con la esperanza de recibir 300 dólares mensuales por seis meses, pero no fue así, ya no recibió nada y a los tres meses se dio cuenta de que ya no iba a recuperar su dinero.
Visiblemente afectada cuenta que la habilidad de las personas que trabajaban para la empresa My Trader Coin era única porque le convencieron no solo a ella sino a miles de personas.
“Cuando yo fui a una charla observé a decenas de personas, no solo indígenas, gente mestiza, policías y militares que cobraban su dinero lo que me hizo dejar las dudas de lado. Inclusive hable con un militar que me dijo que ya había recuperado su inversión de 15 mil dólares y que estaba ingresando a otro compañero”, dice.
Su preocupación se agudizó cuando ya no recibió el dinero de los 10 mil dólares, había pasado mes y medio y entonces decidió irse a Quito donde conoció a un señor de apellido Argoti quien le aseguró que la empresa era legal y que las dos personas que fueron detenidas en Cuenca eran estafadores que ingresaron a trabajar en la empresa, nuevamente le convencieron de seguir en la plataforma digital, hasta que en una charla en Ambato, con Ángel Y. se dio cuenta de que nunca más tendría su dinero de vuelta, este señor les ofreció entregar las tarjetas para que cobren su dinero en los cajeros automáticos pero luego de la charla no regresó.
Como esta joven mujer, que fue estafada conjuntamente con su familia en más de 25 mil dólares, hay miles de personas en el país que esperan se encuentre a los responsables y se les devuelva el dinero o al menos se castigue a los cabecillas.
Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, informó ayer su preocupación porque la semana anterior quisieron entregar en la Fiscalía 7 de Pichincha la documentación de una investigación que realizaron donde consta el registro de la plataforma electrónica con más de 1.500 ciudadanos donde se demuestra su aporte con planes que iban desde los 100 hasta los 100 mil dólares. Tienen videos de las cámaras donde funcionaban las oficinas de la empresa My Trader Coin. Sin embargo en la Fiscalía no se les recibió la documentación porque les dijeron que deben obtener una cita previa para entregarla.
Según Iza, al ser una estafa masiva se acordó que el tema se tratado por la justicia ordinaria en cooperación con la justicia indígena, pero la investigación indígena no es tomada en cuenta para el proceso.
Demandan que haya resultados en este tema y que se sancione a los responsables. En compañía del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, dijo que en junio presentarán la documentación que tienen en la Fiscalía General del Estado y esperan que la justicia ordinaria haga su trabajo para establecer las sanciones correspondientes, lo más pronto posible.
Los líderes indígenas expresaron su preocupación porque se quiere involucrar en este tema a dirigentes indígenas y se mantiene una especie de criminalización a la justicia indígena, cuando los verdaderos culpables están libres y se llevaron el dinero de miles de ecuatorianos.
Iza denunció que a raíz de la denuncia de esta estafa masiva muchas plataformas digitales se cerraron, y se abrieron otras con nuevos nombres pero que al final son ilegales porque la captación de dinero en el país, si no es a través de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, está prohibida.
Así mencionó como responsables a la familia Argoti quien configuró la empresa que no tenía permiso para la captación de dinero y a las familias Palacios Gaona, Pilatasig, involucradas con la plataforma nacional e internacional.
Iza aseguró que serían 112 mil ecuatorianos los que entregaron dinero, recursos que esperan con la oportuna acción de la justicia ordinaria se puedan recuperar y sancionar a los responsables.
Además desmintió que en febrero se haya secuestrado a dos personas involucradas en este tema, se les retuvo, pero ya tenían orden de detención por parte de la justicia ordinaria, sin embargo lograron salir de la cárcel con medidas sustitutivas, agregó Iza. (VHG)