QUITO
Ecuador expresó el miércoles su firme decisión de lograr que las petroleras extranjeras compartan los ingresos extras que reciben por el alto precio del crudo, ya sea renegociando los contratos o mediante una ley reformada por el Congreso, por la cual el Estado se beneficiará del 60% de esos ingresos.
«Son dos actos simultáneos. Además de la reforma a la ley de hidrocarburos, es necesario seguir con las renegociaciones con las compañías», expresó el ministro de Energía, Iván Rodríguez, juez de última instancia que tramita pedidos de caducidad del contrato con la estadounidense Oxy (que explota 100.000 de los 532.000 barriles diarios).
Rodríguez y el secretario de la Administración Pública, José Apolo, se reunieron el martes con representantes de las petroleras, que están «asustadas» -según René Ortiz, dirigente de las empresas- por la reforma a la ley aprobada la semana pasada por una mayoría absoluta del unicameral Legislativo.
Ese cambio legal, que deberá ser sancionado u objetado por el Ejecutivo hasta el domingo, establece que el Estado percibirá el 60% del margen entre el precio del crudo fijado en los contratos (en algunos de 15 dólares) y el del mercado, lo cual generará hasta 700 millones al año.
El ministro dijo que «la posición de ellos es que no existieron todos los criterios al reformar la ley», para lo cual el Ejecutivo había propuesto una repartición del 50/50 para lograr equidad y equilibrio.
Empero, el secretario de Economía, Diego Borja, dijo que el 60/40 a favor del Estado mantiene el sentido de equilibrio y sugirió al presidente Alfredo Palacio que sancione la ley para que sea publicada en el Registro (Diario) Oficial, como aprobó el Congreso.
Aunque el gobierno no ha cerrado las puertas a la renegociación de los contratos petroleros, Rodríguez dejó entrever que la reforma a la ley es el mecanismo más rápido para que Ecuador empiece a percibir recursos adicionales por el petróleo, el principal producto de exportación y una de las principales fuentes de divisas que generó el récord de 5.396,8 millones de dólares en 2005.
Explicó que la intención gubernamental de renegociar, que se inició en 2005, pudiera haberse extendido «fácilmente» hasta octubre próximo, cuando se elegirán presidente, vicepresidente y diputados para el período constitucional de cuatro años, que empezará en enero de 2007.
Además de que las empresas no mostraron en principio una disposición a la renegociación y condicionaban los reajustes a la devolución de impuestos y a que los contratos sean extendidos cinco años más.
«Ayer se quedó en que ellas (las compañías) presentarán una propuesta», dijo el ministro de Energía y anotó que las petroleras consideran que la posición de Ecuador de percibir más dinero por el crudo «no es lo óptimo» para sus intereses.
«El concepto es restablecer el equilibrio económico», enfatizó.
Sin embargo, la ley es rechazada por las petroleras, que la califican de inconstitucional y atentatoria contra la seguridad jurídica, además de que desanimará las inversiones y podría desencadenar demandas y arbitrajes.
Rodríguez replicó que «hay muchas compañías, como (algunas) de Rusia y China, que quieren venir a invertir» y citó que otras como la brasileña Petrobras y la chilena Enap (que ya operan en el país) están interesadas en aumentar los capitales.
La norma afectará a compañías como la española Repsol-YPF, la francesa Perenco y las estadounidenses EDC, Burlington y Oxy.
La Procuraduría y la estatal Petroecuador propusieron la caducidad del contrato con Oxy por violar la ley al ceder sin autorización el 40% de sus acciones a la canadiense Encana.
AFP